Ciudad de México.- Uno de los actores más importantes en las elecciones de julio es el Instituto Electoral del Distrito Federal, responsable no sólo de organizar los comicios sino, de acuerdo con su misión, señalada en su sitio de internet, en contribuir a la vida democrática de la capital.
Por decirlo en términos coloquiales, el IEDF es el “el árbitro” de las elecciones, responsable de que los aspirantes a un cargo y los partidos que los postulan cumplan con las reglas y leyes. También es el encargado de vigilar que la competencia transcurra en un ambiente de equidad, certeza y legalidad, según lo establece el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.
De acuerdo con éste los integrantes del IEDF deben conducirse, entre otros, a los principios de independencia, imparcialidad y objetividad.
Bajo esta lógica, los consejeros electorales, responsables de cumplir y hacer cumplir las leyes electorales, están obligados a actuar bajo unos criterios simples: no tener filiación o simpatía hacia alguno de los partidos que contienden, así como tampoco tener fobias, requisitos difíciles de exigir a cualquier ser humano bajo la lógica de que cualquier aspecto de nuestra vida pasa por el filtro de la subjetividad.
No es ocioso preguntarse por la condición de imparcialidad que cabe esperar de un árbitro si se atiende a lo que sucedió este miércoles 18 de marzo, cuando se registraron dos candidatos del PRD a la Asamblea Legislativa del DF. Ambos proceden del propio IEDF y a pocos meses de las elecciones cambian de camiseta, dejan de lado cualquier viso de imparcialidad y se asumen como representantes de un partido, con intereses y objetivos que no son los de la ciudadanía en general sino de un grupo político.
El primero es Gustavo Figueroa, quien hasta hace unos meses fue consejero electoral, apoyado por la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa, pero que debió dejar el cargo por la reforma política de 2014 que renovó el consejo del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Electorales Locales.
El ex consejero trabajó en la delegación Álvaro Obregón entre 2006 y 2012, tres años bajo las órdenes de Leonel Luna, también candidato a diputado y quien aspira a ser líder de la bancada perredista en la Asamblea. Con estos antecedentes casi sobra preguntarse si Figueroa se rigió por el principio de imparcialidad cuando tuvo que votar en asuntos que involucraban a su partido.
De acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 294 del Código electoral local no sería elegible a la candidatura porque prohíbe la participación de quienes hasta cinco años antes de las elecciones en cuestión se hayan desempeñado como “magistrado electoral, consejero electoral” o hayan ocupado “un cargo de dirección o en el servicio profesional de carrera en los órganos electorales, en el ámbito federal, estatal o del Distrito Federal”.
Como ya lo hizo en 2013, cuando llegó al cargo de consejero electoral pese a haber ocupado el cargo de director jurídico y de gobierno en Álvaro Obregón, Figueroa dice que la ley no aplica en su caso porque fue removido del cargo antes de que este pasaran los siete años para los que fue elegido.
No está de más recordar que de acuerdo con el artículo 25 del código se establece que quienes dejen un cargo no podrán “ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo”.
Otro caso es el de la candidata al distrito XXVI, Evangelina Hernández, quien fue directora
de la unidad de Comunicación Social del IEDF y, de acuerdo con el sitio de internet (ver imágenes que acompañan a este texto), hasta el martes 17 de marzo aún aparecía como responsable de la información de transparencia de esa institución.
Periodista, considerada cercana del jefe de Gobierno, Miguel Mancera, Hernández no tiene impedimento legal para ser candidata, de acuerdo con conocedores de la l
egislación electoral, sin embargo, su designación como aspirante muestra lo lejos que estamos de crear puestos civiles en organismos que debieran estar regidos por la neutralidad y cómo éstos son utilizados por el partido gobernante a manera de botín para colocar a militantes y simpatizantes, como en los tiempos del partido casi único.
No es la primera vez que un consejero electoral o un integrante de un servicio profesional dejan su carácter «ciudadano» y adoptan una 
postura partidista. En el Instituto Federal Electoral Santiago Creel y Juan Molinar, ocuparon esa posición para luego ser legisladores y funcionarios de gobiernos del PAN. En caso similar, Virgilio Andrade fue consejero del IFE y luego defensor jurídico del PRI en la campaña de Enrique Peña Nieto.
Esos ejemplos, más que justificar lo que hace el PRD en el DF, son el mejor argumento de que el mal de muchos no es una solución y que en un entorno generalizado de duda, escepticismo y rechazo a las prácticas de los partidos, no caería mal dar muestras de que el árbitro es imparcial.
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