En la construcción del Museo Infantil de Iztapalapa hubo pagos indebidos por 10.9 mdp

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Ciudad de México.-Durante 2017, la Secretaría de Obras del gobierno de Miguel Ángel Mancera realizó pagos indebidos por 10 millones 922 mil pesos para la construcción del Museo Interactivo Infantil de Iztapalapa, pues no acreditó que esas erogaciones correspondieran a compromisos efectivamente devengados, ni contó con el convenio que determinara la obligación de pago.     

Esta información es parte del resultado de auditoría a la Cuenta Pública 2017 que la Auditoría Superior de la Ciudad (ASCDMX) realizó a la administración capitalina y cuyo informe se entregó la semana pasada al Congreso local.

Son múltiples las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador respecto a esa obra que durante las elecciones de 2018 fue motivo de disputa política entre el entonces gobierno emanado del PRD y sus adversarios de Morena.

Ya como jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, oficializó en enero pasado a través de la Gaceta Oficial el retiro de la concesión a la empresa Movilidad Redhoma SA de CV, para el uso, aprovechamiento y explotación del Cetram Constitución de 1917.

Con esta decisión, la administración capitalina canceló formalmente el proyecto que se impulsó durante la administración de Miguel Ángel Mancera para la construcción de un centro comercial en ese paradero, que incluía salas de cine, dos pisos de locales y un área de comida.

En su lugar, el actual gobierno de la Ciudad desarrollará en una superficie de 7 mil metros cuadrados el proyecto de la Preparatoria Iztapalapa 1.

Sheinbaum recordó esa vez que además de la preparatoria, su gobierno continuará con la edificación del Museo Interactivo de Iztapalapa dentro del Cetram, aunque ahora será un Museo Infantil que ya no operará un privado sino la Secretaría de Cultura de la Ciudad.

Ahora, a la luz del resultado de auditoría, destacan los millonarios pagos realizados en 2017 a empresas constructoras, sin la justificación técnica y jurídica.

La ASCDMX realizó un desglose de los pagos injustificados que realizó la Secretaría de Obras, como uno por el monto de 6 millones 241 mil pesos, sin que se hubieran ejecutado en su totalidad los trabajos, ya que la empresa contratista no comprobó el acarreo de residuos de obra y cascajo al destino final.

Además, no fue posible calcular la cantidad pagada, porque los números generadores de las estimaciones no contienen las secciones topográficas del terreno que permitan verificar que la profundidad de la excavación correspondiera con la utilizada para calcular las cantidades pagadas.

Otro pago millonario fue por 3 millones 364 mil pesos, pues se hizo sin contar con el convenio que determinara la obligación de pago. 

La Sobse argumentó ante el órgano fiscalizador que sólo procedería la elaboración del convenio del supuesto pago adicional, sí esta hubiera sido mayor al 25 por ciento del monto contratado y que dicha hipótesis no se presenta.

Sin embargo, en su respuesta la dependencia no consideró que para proceder a la autorización de pagos con cargo a su presupuesto aprobado, debió contar con los documentos justificantes (en este caso un convenio) que determinara la obligación de hacer el pago. 

Por el monto involucrado, un tercer pago indebido fue por un millón 161 mil pesos que erogaron para la supervisión de obra sin acreditar que correspondieran a compromisos efectivamente devengados.

Otros pagos fueron por montos menores, por una cifra global de 545 mil pesos, pero la Auditoría Superior detectó otras fallas en el proyecto del también denominado Museo El Papalote de Iztapalapa, como el hecho de que la Sobse no puso oportunamente a disposición de la empresa contratista el inmueble donde se realizaría la obra pública, en el Cetram Constitución de 1917.

En el lugar se presentaron interferencias que impidieron su inicio, como 55 puestos, casetas telefónicas, líneas presurizadas de riego, superposte, cables del trolebús y vialidades en uso para el acceso y salida de los vehículos.

Además, la Secretaría de Obras no acreditó que la asociación civil propietaria del proyecto ejecutivo le haya cedido los derechos y/o autorizado sin restricciones la utilización del proyecto ejecutivo para que se pudieran realizar las modificaciones que fueran necesarias. 

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