El Sistema Anticorrupción de la CDMX no debe surgir con visos de inconstitucionalidad, dice investigador

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Ciudad de México.- El doctor Marco Antonio Fernández, investigador de México Evalúa y del Tecnológico de Monterrey, ha levantado la voz ante diputados de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) para advertir visos de inconstitucionalidad que podrían contaminar al nuevo Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

Dice que hay propuestas de diputados encaminadas en ese sentido, y lamenta que el problema venga incluso plasmado desde la misma Constitución de la Ciudad de México.

En entrevista con Capital CDMX, explica que en la Ciudad se pretende incorporar al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción Local a figuras que no están contempladas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción ni en la Constitución federal, como son a los titulares del Consejo de Evaluación capitalino y del órgano de control del futuro Congreso.

“No entendemos la razón técnica por la que se quiere incluir a un representante del órgano interno de control del poder Legislativo local, o meter al Consejo de Evaluación de las políticas públicas, porque a nivel nacional no está el representante del Coneval, por ejemplo”, expone el académico.

De acuerdo con el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad, el Sistema Anticorrupción contará con un Comité Coordinador, conformado por las personas titulares de la entidad de fiscalización, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, del Consejo de Evaluación, del órgano de control del Congreso y de la secretaría encargada del control interno, todos de la Ciudad de México; así como por un representante del Consejo de la Judicatura y por un representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá.

Así, el comité local contara con dos figuras más que el comité nacional, lo que de acuerdo con Fernández, ha provocado impugnaciones en otras entidades del país, como Sonora y San Luis Potosí, donde tampoco se ha respetado el modelo establecido a nivel federal.

Otro aspecto de preocupación, explica, tiene que ver con la designación del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad, por cinco años, pero que tengan la posibilidad de reelegirse por un mismo periodo.

“Abrir la puerta de la reelección es abrir la tentación de politizar las acciones del fiscal anticorrupción, porque en aras de buscar su reelección puede apretar o aflojar, según a las fuerzas políticas que esté investigando para lograr el favor de su reelección”, dijo Marco Antonio Fernández.

Innovaciones

El investigador considera que la ALDF debería concentrarse en otras áreas de innovación que no contravendrían la legislación federal y que podría fortalecer el Sistema Local, como reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad para imponer la obligación de revisar, cotejar y comprobar que las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de los servidores públicos sean verídicas.

“Hoy existe la obligación a los servidores públicos de hacer sus declaraciones, pero nadie verifica su contenido, lo que las convierte en documentos que se guardan en el cajón del olvido y que no tienen utilidad como potencial herramienta para detectar posibles actos de corrupción”, agrega.

Otra innovación que debería considerar la ALDF y que México Evalúa planteará a los legisladores, es que las personas denunciantes de actos de corrupción puedan recibir una compensación económica por señalar esa conducta, siempre y cuando la denuncia se compruebe y se genere una sentencia condenatoria. Rechazó que esa compensación pueda generar una falsa industria de la denuncia.

Antes del 18 de julio, la ALDF debe aprobar 11 leyes que integrarán el Sistema local. Al respecto, el académico del Tec de Monterrey expresa: “Sí los tiempos están encima, pero debemos hacer un esfuerzo para avanzar en el marco jurídico adecuado. No podemos defraudar a la ciudadanía, de darle un marco jurídico chafa. El tamaño de la corrupción demanda tener un marco jurídico que no tenga hoyos, que no sea un queso gruyere por donde se vayan situaciones que no se puedan sancionar”.

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