Ciudad de México.-Este fue día de audiencias públicas en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
A la antigua sede del Senado y a la plaza Manuel Tolsá -donde se instaló una carpa para tal propósito-, llegaron ciudadanos, pero también grupos organizados o afines a partidos políticos que entregaron sus propuestas de contenido de la Constitución.
Los jóvenes beneficiarios del Programa Prepa Sí fueron los más ruidosos y festivos. Ocuparon la Plaza Tolsá y se enfrascaron en una guerra de porras para ver qué plantel gritaba más.
Entusiastas, esos jóvenes se plantaron frente a Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, para presentarle los resultados de la Consulta Juvenil "Mis Derechos Prepa Sí" y la Carta de Derechos de la Juventud en la que señalaron los derechos que piden queden consagrados en la carta fundacional de la capital.
Encabezados por la coordinadora del programa Prepa Sí, Karen Quiroga, a la que le llaman cariñosamente "Tía Karen", los chavos pidieron de entrada que ese plan de apoyo se eleve a rango constitucional para que en el futuro ninguna autoridad pretenda eliminarlo.
Contagiado por el ánimo de los jóvenes, Alejandro Encinas dirigió un efusivo discurso a los cientos de muchachos que venían del Colegios de Bachilleres, Cetis, las prepas del Gobierno local y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
El diputado les habló de libertades, para vestirse cómo quieran, de pintarse el pelo del color que les plazca y de disfrutar su sexualidad de la forma que decidan, pero con responsabilidad.
Les recordó que en el proyecto de Constitución se plantea reducir la edad para votar a los 16 años, pero eso no implica que se reduzca la edad penal, pues no se pretende criminalizar a la juventud sino construir ciudadanía.
En respuesta, Encinas recibió porras y aplausos. "¡Alejandro, Alejandro, Alejandro!", arengaban los jóvenes, en un ambiente que por momentos tomó tintes con aspiración electoral.
De los resultados de la Encuesta habló la "Tía Karen", la sobrina de la jefa delegacional en Iztapalapa, la que recibió porras, aplausos y una gran rechifla de jóvenes provenientes en su mayoría de Iztapalapa. Alguien ahí guiñaría el ojo ante tal coincidencia.
Participaron 129 mil 299 jóvenes en esa encuesta que se realizó en 126 planteles de nivel medio superior entre los días 24 y 25 de octubre.
Por el tipo se preguntas los resultados de la Encuesta parecían obvios. "Los jóvenes queremos que nuestros derechos sean reconocidos y protegidos plenamente por la Constitución" fue uno de los reactivos y contó con 117 mil respuestas favorables y 9 mil 798 negativas.
Otra de las preguntas fue: ¿Estoy de acuerdo en que nosotros los jóvenes participemos en consultas ciudadanas a partir de los 12 años y para la eleción de autoridades a partir de los 16 años?. 98 mil 121 dijeron que sí; 27 mil 857 respondieron que no.
Un total de 118 mil 124 se mostraron a favor de que el Programa Prepa Sí quede establecido en la nueva Constitución; 8 mil 718 dijeron que no.
Antes de los jóvenes, el presidente de la Mesa Directiva recibió a habitantes de pueblos y barrios de delegaciones con suelo rural, como de Tlalpan y Xochimilco. Le entregaron al diputado una propuesta que contempla la obligación del Estado para financiar la producción rural y el derecho a realizar actividades agropecuarias, forestales, turísticas y de corte rural.
Pero además, estos habitantes plantearon el derecho sustentable para establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas y el Suelo de Conservación, para la preservación de los ecosistemas y recursos naturales, con una visión de equilibrio ecológico y un plan de beneficio para los dueños y poseedores del suelo de conservación.
El derecho al silencio
La Comisión Carta de Derechos que encabeza la diputada Marcela Lagarde, inició el proceso de audiencias públicas con decenas de ciudadanos y organizaciones que presentaron propuestas de contenido al proyecto de Constitución.
Uno de los ciudadanos que llegó al patio de la antigua sede del Senado, en donde esa comisión realizó sus audiencias, es quien presentó una peculiar iniciativa que contempla el derecho al silencio y la atribución a la policía para que pueda ingresar a viviendas o comercios y callar fiestas o escándalos.
Juan Manuel del Río se llama este ciudadano, vecino de la colonia Del Valle, quien hasta el momento ha registrado 12 iniciativas pero que, asegura, presentará más en los siguientes días para completar un total de 19 propuestas.
Además del derecho al silencio, el ciudadano ha planteado temas como la ampliación del programa Ecobici a toda la ciudad, evitar que se establezcan comercios fijos o semifijos en las banquetas o la obligación a autoridades de los distintos niveles de gobierno a que una vez a la semana utilicen el transporte público para llegar a sus oficinas.
Cuando Juan Manuel del Río habló de su iniciativa sobre el derecho al silencio, Marcela Lagarde de inmediato reaccionó con un "estoy de acuerdo". En lo que no estuvo de acuerdo Lagarde fue cuando el proponente habló de la intervención policiaca para callar a los rijosos.
Las audiencias en la Comisión Carta de Derechos tuvieron una característica particular y fue lo apretado de cada exposición. Sólo 5 minutos tuvo cada persona para presentar su propuesta, ante un presidium de legisladores que se recomponía constantemente.
Diputados iban y venían. Por momentos solo Marcela Lagarde permanecía como la única legisladora que escuchaba a los ciudadanos, en ese sui generis ejercicio de parlamento abierto.
Preguntarle a 141 pueblos
En esta Asamblea Constituyente hay una comisión dictaminadora que tiene una tarea y un reto distinto al de las otras siete comisiones, y es ir a preguntarle a los 141 pueblos originarios que existen la Ciudad de México su opinión respecto a la redacción de los artículos del proyecto de Constitución que impactarán en su vida y en sus usos y costumbres.
La comisión que tiene esa tarea es la de Pueblos y Barrios Originarios que preside Mardonio Carballo. El diputado de Morena explicaba que el Estado mexicano suscribió tratados internacionales con la ONU y la OIT a través de los cuales las autoridades de nuestro país quedan obligadas a consultar a pueblos originarios y comunidades indígenas cuando haya una legislación que les impacte, y ese es el caso de la Constitución de la Ciudad.
Carballo dijo que las autoridades capitalina debieron consultar a los pueblos originarios de la Ciudad antes de emitir el proyecto de Constitución, pero como en su momento no lo hicieron, ahora está comisión dictaminadora debe subsanar tal omisión.
El problema es que los integrantes de la Comisión no lograron ponerse de acuerdo en el método para llevar a cabo esa consulta, pues requeriría de acudir a esas poblaciones o en todo caso asistir a las cabeceras delegacionales.
Lo que también generó dudas fue qué documento someter a consulta, es decir, un predictamen o el dictamen final, lo que implicaría recomponer el documento una vez que pase por el tamiz de los pueblos y barrios.
Otro problema de la Comisión es que es la única que funciona sin el quórum requerido. El reglamento de la Asamblea Constituyente establece que cada Comisión dictaminadora debe contar con un mínimo de 13 legisladores, pero ellos son solo 12.
