Ciudad de México.- Situados en las rutas utilizadas para el traslado de drogas hacia Estados Unidos, alejados de los poderes de la federación y olvidados por las autoridades locales, los habitantes de la zona noreste de México han visto su vida controlada por el cártel de los Zetas, según un informe realizado por El Colegio de México.
A seis años del asesinato de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, y a cinco años de las posibles 300 víctimas de la masacre en Allende, Coahuila, fue presentado “En el Desamparo”, un análisis comparativo coordinado por Sergio Aguayo, en el que se advierten las omisiones del Estado para proteger a las víctimas.
Al presentar el informe en el Museo de la Memoria y Tolerancia, los asesores de la investigación señalaron las deficiencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En palabras del escritor Juan Villoro, la violencia ha llevado a los mexicanos a conocer la geografía a través de las fosas clandestinas que los familiares de los desaparecidos encuentran con ayuda de tapas metálicas que utilizan como palas hasta encontrar a sus seres amados.
Sobre Tamaulipas consideraron que se puede decir poco; sin embargo, con ayuda de los medios de comunicación y los dos sobrevivientes que fungieron como testigos de la matanza, el mundo pudo escuchar la historia de aquella noche de agosto de 2010 en la que 79 personas fueron capturadas por este grupo narcotraficante a fin de incorporarlos a sus filas.
De acuerdo con el testimonio de una de las dos personas que lograron escapar, morían al momento de negarse al ofrecimiento. por Se estima que el saldo final fueron 72 fallecimientos; dos sobrevivientes y cinco personas más de las cuales se desconoce su destino.
En la investigación se recalca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en agosto de 2014 que la respuesta del Estado mexicano “osciló entre la indiferencia y la opacidad”.
Así ambos estados, gobernados sin alternancia durante casi un siglo por el Partido Revolucionario Institucional, se han posicionado en una guerra entre cárteles o bien entre la delincuencia y el gobierno, como sucedió en Allende, Coahuila, donde en 2011 tras la lucha contra estos grupos que emprendió el ex presidente Felipe Calderón la violencia se desató.
La masacre de Allende
Del 18 al 20 de marzo de 2011, el Z40 y Z42,- líderes de Los Zetas- con sospechas de traición hacía tres de sus colaboradores a los que acusaban de robarles entre 5 y 10 millones de dólares de tráfico de droga, además de filtrar información a Estados Unidos, inició la matanza de todos aquellos que llevaran por apellido Garza; lo cual en sus estimaciones más altas lleva a la cifra de 300 asesinatos; entre los que se precisa se incluyeron mujeres y niños.
No obstante, no hay una cifra precisa, ya que las investigaciones comenzaron hasta 2013 luego de que uno de los miembros del grupo delictivo lo informó en un interrogatorio en Estados Unidos.
Como se detalla, tal masacre se realizó con apoyo de las autoridades de la localidad, ya que el cártel gastaba 61 mil 500 pesos mensuales en pagos a policías que iban desde 20 mil pesos del jefe, a los 500 para los menos involucrados. Esto teniendo a consideración que el sueldo medio de un agente es de unos 6 mil 300 pesos, por lo que no fue difícil convencerlos de aliarse.
El trato consistió en ignorar cualquier denuncia y avisarles si llegaban fuerzas de seguridad o sospechosos de otro cártel, además de dejar que los Zetas entraran a la cárcel a sacar a personas o golpearlas; cobrar las extorsiones y levantar a quien indicaran los criminales.
Ante tales imprecisiones o huecos en las investigaciones, las respectivas autoridades han intentado criminalizar a las víctimas, afirmó Villoro.
Por tanto, como el grupo asesor integrado por Juan Villoro, Javier Sicilia, Rubén Aguilar Valenzuela y Mariclaire Acosta, anunciaron hace falta trabajo de campo, por lo que anunciaron una nueva investigación que se consolidará en los lugares donde sucedieron los hechos, con apoyo de los habitantes del lugar.
