Ciudad de México.-Las autoridades capitalinas a través de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), establecieron un mecanismo de coordinación con Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Colegio de México y la red J-PAL, para crear el Laboratorio Anticorrupción de la Ciudad.
Ese Laboratorio trabajará de inicio en cuatro proyectos base, en los cuales medirá y dimensionará el tamaño del problema de corrupción, a fin de plantear propuestas de políticas públicas a desarrollar a partir de 2020.
Los proyectos son el de combate a la evasión fiscal vehicular, la evaluación de impacto de la Ventanilla Única de Construcción que está por crearse, la vigilancia de servicios públicos en la Ciudad y la identificación de riesgos de corrupción en contrataciones públicas.
En conferencia de prensa, José Merino, titular de la ADIP, explicó los alcances de este seguimiento, que se llevará a cabo totalmente con la intervención de los especialistas, de manera que no le costará nada al gobierno capitalino.
Así, Transparencia Mexicana, de Eduardo Bohórquez, medirá el tamaño de la evasión fiscal vehicular y propondrá soluciones para reducirla. Esa evasión se manifiesta con acciones que toman dueños de autos para emplacar sus unidades en otras entidades del país donde la Tenencia Vehicular no está homologada.
Aunque todavía no se ha creado, el Colegio de México participará en la evaluación de impacto de la Ventanilla Única de Construcción, una instancia en donde se concentrarán todos los trámites asociados a la construcción de edificaciones en la Ciudad y que culturalmente han estado asociados a actos de corrupción.
La red Poverty Action Lab (J-PAL), se encargará de generar una plataforma que permita vigilar y reportar la mala calidad y las fallas de los servicios públicos de esta Ciudad. Actualmente, según la ADIP, el tamaño del territorio y el número de habitantes dificultan el monitoreo de la calidad de los servicios públicos; no hay canales de comunicación adecuados que permitan a los ciudadanos reportar fallas y en consecuencia no se pueden corregir las deficiencias de los servicios públicos.
El IMCO se hará cargo de generar un identificador de riesgos de corrupción en contrataciones públicas, pues actualmente no existe un sistema que permita identificar los riesgos de corrupción durante la adjudicación de contratos y los actos corruptos se identifican ex post, es decir, a través de auditorías.
Durante la conferencia, Eduardo Bohórquez lamentó que la corrupción tiene en una paradoja a la Ciudad, que por un lado ha sido la entidad con los mayores índices de transparencia, entendido esto como acceso a la información pública, pero la peor del país en términos de corrupción de trámites y servicios, a tal grado que está en el número 32 de todos los estados, según INEGI.
Merino dijo que el Laboratorio dará respuestas analíticas, académicas y de estudios serios, que podrán o no traducirse en políticas públicas.
Sobre la corrupción que ha habido en la administración pública, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum puso un ejemplo, el de la reconstrucción, pues detalló que en el pasado sexenio las demoliciones costaron 5 mil pesos por metros cuadrado y hoy se contratan en 500 pesos por metro cuadrado.
