CIUDAD DE MÉXICO: ASAMBLEA CONSTITUYENTE CIUDADANA

La Ciudad de México es una de las megalópolis del mundo y la zona metropolitana más grande del sistema urbano nacional. El crecimiento de la ciudad, en todos los campos, ha sido uno de los más veloces del país, sin embargo, las desigualdades políticas y socioeconómicas, así como las condiciones de pobreza y exclusión en las que viven grandes sectores de su población, se ven ampliadas por los procesos de segregación que impiden que la ciudad cumpla con una de sus funciones básicas, que es ser un mecanismo de integración ciudadana. Por el contrario, estos procesos generan condiciones propicias para la desintegración y el incremento del malestar social.

Para modificar e intentar revertir esta situación se requiere de una reforma política de las instituciones y de la garantía de una mayor participación ciudadana. En otras palabras, frente a un panorama de crecente incertidumbre económica y social, se requiere de una mayor apertura política. Las sociedades democráticas avanzan cuando logran compensar las carencias y las desigualdades sociales con mayores libertades para los ciudadanos.

En la situación actual debemos combinar mayor desarrollo humano con una más amplia ciudadanía societaria.

La reforma política del Distrito Federal es una prioridad para sus habitantes. Las democracias contemporáneas se apegan cada vez más a la premisa de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En el mismo territorio, sometidos a las mismas leyes, todos deben ser iguales por lo que no caben las distinciones entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

La ciudad es el espacio de la política, el gobierno y la ciudadanía. Cuando se habla de “ciudad” la referencia es a un espacio habitado, con variados usos públicos, con una vocación racionalizadora y organizadora del mundo. Se refiere tanto al espacio físico, como al ámbito simbólico en cuya carga de significados destaca el de centralidad urbana. La ciudad, denominada “polis” por los griegos y “civitas” por los romanos, es el resultado de una asociación previa, que como tal elabora el mito de su fundación para compartirlo con sus habitantes quienes poseen la categoría de ciudadanos.

El principal patrimonio de una ciudad son sus ciudadanos y es en la ciudad, en donde la política se constituye como actividad propia y el individuo define su pertenencia al conjunto social. La ciudad se ha convertido en el espacio público donde alcanza su plenitud la autoridad del Estado, la participación organizada, así como la comunión de derechos y deberes que son marcas distintivas de la ciudadanía. La historia de la ciudad es la de su espacio público, en donde las relaciones entre el poder y la ciudadanía, se materializan y se expresan en la conformación de calles, plazas, monumentos, parques y otros lugares de encuentro social. El espacio público no es un espacio residual entre calles y edificios. Tampoco es un espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas.

La ciudad es un sistema de redes que ordenan cada zona de la metrópoli y le dan sentido, son el ámbito físico de la expresión ciudadana y de la diversidad social y cultural. Es un espacio físico, pero también político que representa un derecho ciudadano de primer orden, ya que garantiza, en términos de igualdad, su apropiación por parte de los diferentes grupos sociales. El espacio público es un indicador de calidad urbana y un instrumento de la política para “hacer ciudad sobre la ciudad”, es decir, para mantener y renovar los antiguos espacios y producir nuevas centralidades, para suturar los tejidos urbanos y para dar un valor ciudadano a las infraestructuras.

El ciudadano debe reivindicar su papel como actor principal, trascendiendo su rol de mero espectador.

A través de su capacidad crítica y creativa, el ciudadano es el constructor activo de su ciudad. Lo que le pase a nuestras ciudades, le sucede a sus habitantes. El ciudadano moderno ha ganado derechos que le permiten acceder en igualdad de oportunidades a la función política. Que el poder se distribuya entre los ciudadanos es una de las aspiraciones de la democracia de todos los tiempos. Es una aspiración que permite imaginar el diseño de una sociedad más libre y más igualitaria. Sin instituciones fuertes y representativas no hay ciudadanía.

La Ciudad de México ha hecho progresos en su democracia local que, históricamente, han contribuido al progreso de la democracia política del Estado moderno nacional. Siendo la Ciudad de México la aglomeración urbana más importante del continente americano y la ciudad hispano-hablante más poblada de la tierra, requiere de un cambio en su estatus jurídico y político.

En esta ruta se encuentra la necesidad de dotar a la capital del país de una Constitución Política propia que establezca nuevas instituciones, reglas y garantías para el conjunto de los actores que aspiran a gobernarla. Debido a la magnitud de sus problemas, impulsar el proceso de democratización de la Ciudad de México significa hacerlo no solamente en torno a su sistema de gobierno, sino también en función de las diversas formas de participación ciudadana.

La reforma política del Distrito Federal es una prioridad para sus habitantes. Las democracias contemporáneas sostienen la premisa de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Tratándose de un mismo territorio y sometidos a las mismas leyes, todos debemos ser iguales, por lo que no caben distinciones entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, condición en la que nos encontramos quienes habitamos una de las megalópolis del mundo y la zona metropolitana más grande del sistema urbano nacional.

Dos hechos políticos son evidentes en la Ciudad de México: la conformación de un importante contrapeso ciudadano al poder, y el sentido democrático de nuestra transición.

El primero ratifica que un indicador del cambio político es la transformación de las mentalidades, es decir, que ha permeado la cultura de los valores democráticos entre los ciudadanos. El segundo proceso avanza erráticamente, encontrando su mayor obstáculo en la actual clase política. Por esto, nuestra consolidación democrática proyecta cambios políticos que se desarrollan sobre la base de la prueba y el error, así como transformaciones culturales que propician una ciudadanía activa, informada y participativa.

Recordemos que el cambio político ocurre cuando se instaura un nuevo régimen o cuando se modifica la esencia interna del régimen existente. Los cambios internos han sido la marca evolutiva de nuestra democratización.

La dotación de una Constitución Política para la Ciudad de México requiere de un Poder Constituyente que renueve nuestro Pacto Federal, integrado por estados libres y soberanos a quienes se reconoce el derecho inalienable para dotarse de un ordenamiento constitucional y cuerpos de gobierno propios.

La constitución representa la estructura vertebral de una comunidad políticamente organizada, es decir, el orden necesario que deriva de la designación de un poder soberano y de los órganos que lo ejercitan. De esta manera, la constitución es parte de la sociedad democrática y se expresa a través del republicanismo y la división de poderes.

El constitucionalismo tiene una doble dimensión, por un lado, es una teoría jurídica que postula una forma de gobierno que se rige por un conjunto de leyes objetivas y por la supremacía de la racionalidad del derecho sobre el poder de los gobernantes, y por el otro, representa una teoría política que se inspira en la defensa de los derechos ciudadanos colocando al Estado en la condición de no poderlos violar, limitando las decisiones arbitrarias del poder.

La democracia constitucional encuentra importantes puntos de referencia en el constitucionalismo inglés y americano que sostiene que los derechos ciudadanos no pueden estar en manos de los representantes y tampoco pueden ser modificados. Aunque el constitucionalismo es en esencia un fenómeno moderno, las doctrinas que lo representan nacen del pensamiento político clásico según el cual, es preferible el gobierno de las leyes sobre el gobierno de las personas. Desde entonces, la contraposición entre el poder de los ciudadanos amantes de las leyes y el poder de un gobierno despótico y autoritario, ha constituido la diferencia entre los individuos libres y aquellos sometidos a un poder tiránico.

En el caso de la Ciudad de México y como un hecho extraordinario deben coexistir dos asambleas legislativas. Una ordinaria, que ya existe, como instancia de gobierno encargada de las funciones estrictamente legislativas que son requeridas cotidianamente por la ciudad, y otra constituyente cuyo objetivo principal sería dar forma organizativa y sustento normativo al nuevo sistema de gobierno que presupone la creación del estado 32 de la Federación.

Están circulando algunas ideas erráticas y totalmente fuera de ruta sobre las modalidades que podría adoptar esta Asamblea Constituyente que requerirá la Ciudad de México. De acuerdo con ellas, los órganos electorales locales deberían asumir un papel protagónico en la integración del nuevo Poder Constituyente. Esta tesis prevalece sobre todo en el Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Debemos recordarles que la Asamblea Constituyente debe representar un “pacto fundacional” del nuevo orden político en la Ciudad de México, donde delegados del pueblo establecen las características institucionales del nuevo integrante del Pacto Federal, determinando las normas de convivencia entre sociedad y gobierno, así como del funcionamiento del poder público. Una Asamblea Constituyente Ciudadana, autónoma del gobierno y los partidos, debe establecer las nuevas reglas para la distribución del poder.

Sería la voluntad originaria, suprema y directa, que tenemos los ciudadanos para constituir y dar personalidad al poder público en el Distrito Federal.

La Asamblea Constituyente debe ser soberana y popular para definir la organización jurídica y política que más conviene a la sociedad. Para decirlo con Carl Schmitt es “la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto, sobre el modo y forma de la propia existencia política”.

El poder constituyente es un poder supremo, directo, incondicionado, soberano y extraordinario. Supremo porque se coloca sobre los demás poderes que va a constituir, directo porque proviene de la voluntad ciudadana, incondicionado por su independencia, soberano porque representa el poder del pueblo y extraordinario, por las especiales circunstancias que la convocan.

Una Asamblea Constituyente Ciudadana para la Ciudad de México sería un signo realmente evidente de nuestro avance democrático.

@isidrohcisneros

agitadoresdeideas.com

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