CDHDF pide a la ALDF derogar artículos del Código Penal que menoscaban libertad de expresión

Ciudad de México.-   Con el fin de terminar con la criminalización de la protesta social, la titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF), Perla Gómez, reiteró el llamado a la Asamblea Legislativa (ALDF) para que deroguen los artículos 362 y 287 del Código Penal.

Durante la comparecencia que llevó a cabo en el recinto de Donceles, Gómez recalcó que los delitos de ataque a la paz pública y ultraje a la autoridad “se han utilizado para incrementar las sanciones y privar de la libertad a personas que hacen un legítimo ejercicio de su libertad de manifestación o de protesta social”.

En entrevista posterior precisó que si los artículos no se derogan se continuará con el incremento de quejas por violación a los derechos humanos, lo que motivaría que nuevamente exhorten a los legisladores.

Con la derogación precisó que “se erradicaría la partica de detenerlos, incrementarles la sanción y que acaben recluidos hasta que no logren los amparos correspondientes”.

Recalcó que de 2014 a la fecha se han realizado cuatro recomendaciones al órgano legislativo en las que se han incluido temas que han afectado a “centenares de víctimas” como el derecho a la documentación ciudadana, el derecho a salir bajo fianza y la protección de los integrantes de los medios de comunicación que acudan a cubrir las marchas.

Fue a inicios de marzo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inconstitucionalidad del 287; sin embargo, al momento no se ha derogado, aunque existen dos propuestas que son analizadas en comisiones de la Asamblea local.

En éste se lee: “Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrá de noventa a ciento ochenta días de semilibertad”.

Mientras que en el 362 se establecen penas de cinco a 30 años de prisión además de la suspensión de los derechos políticos hasta por 10 años a quien “realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.

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