Ciudad de México.-En comisiones del Congreso capitalino se aprobó esta tarde el dictamen de la reformas legales por las que se crea el Registro de Agresores Sexuales propuesto por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y que forma parte de la estrategia de la mandataria para combatir la violencia de género.
Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, avalaron el dictamen con tres cambios significativas.
En primer lugar, la inscripción en el Registro de Agresores Sexuales será por un periodo mínimo de 10 años y un máximo de 30, dependiendo del criterio del juez y la gravedad del delito.
Además, será obligatorio para el juez la imposición de esta medida de seguridad, es decir, impondrá de manera obligatoria la inclusión del agresor en el Registro.
Como tercera modificación también quedó establecido que el Registro de Agresores Sexuales será público, abierto y no será necesaria la consulta previa.
Para la instauración del Registro, en las comisiones unidas se aprobaron reformas y adiciones al Código Penal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX. Así, a diferencia de la iniciativa original que presentó la jefa de gobierno, no se creó una Ley específica para la creación del Registro, sino que se modificaron ordenamientos ya existentes para la conformación de esa base de datos de agresores sexuales.
Con 10 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; así como 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de la Comisión de Atención a Víctimas, avanzó esta iniciativa que busca establecer medidas preventivas en materia de delitos sexuales.
Durante la sesiones en la que el debate se extendió por casi dos horas, incluido un receso para acordar la redacción de los tres cambios señalados, el diputado de Morena Eduardo Santillán consideró importante que este Registro sea público, abierto y la inscripción de los agresores sea obligatoria y no esté a consideración del juez.
En este sentido informó que en la Ciudad de México se cometieron 56 feminicidios y denunciaron mil 269 violaciones, entre el 5 de diciembre del año 2018 y el 17 de noviembre de 2019.
Durante su intervención, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, aseguró estar en favor de impulsar un sistema que proteja el bien superior de las personas, “pero no lo estamos haciendo así, con este dictamen lo que se está creando es una propaganda para salir del paso, para decir, ya cumplimos”.
Consideró que no es un sistema lo que se está creando, sino únicamente parches. “Si aprobamos este dictamen vamos a dejar un problema porque esta lista no va a aparecer una vez que se publique el ordenamiento en la materia, aparecerá dentro de cinco años”, dijo Gaviño.
Además, anunció que presentará un voto particular ante el pleno.
La diputada Lizette Clavel Sánchez, del PT, se manifestó en favor de la creación de este Registro, pero consideró que al tratarse sólo de reformas a leyes ya existentes, no se está logrando la creación de una ley como la planteada por los promoventes de las iniciativas, y solicitó cuidar la perspectiva de género y el lenguaje incluyente en todo el texto del dictamen, así como los datos personales que se harán públicos en este Registro.
En tanto, la diputada Leticia Estrada Hernández (MORENA) indicó no estar convencida de que el Registro de los Agresores deba ser público al considerar que sería violatorio de derechos humanos; también solicitó considerar la posibilidad de incrementar la temporalidad del registro de agresores y no únicamente por 10 años, “es algo muy
grave, debemos discutirlo”.
El legislador Nazario Norberto Sánchez (MORENA) externó su preocupación respecto a lo que pasa con los adolescentes que son agresores sexuales, “creo que también debe existir una lista de agresores de 16 y 17 años, es necesario que lo tomemos en cuenta”, expresó.
La diputada Jannete Guerrero Maya (PT), señaló algunas contradicciones en el dictamen y cuestionó si el registro será público y hasta qué punto será accesible para la población.
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