Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa apeló a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva a favor del derecho a la protesta social y el ejercicio pleno de los derechos en la Ciudad de México.
Ante la discusión de la SCJN de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal contra la Ley de Movilidad de la CdMx, Morena se pronunció porque sea derogado el artículo que pide a loa manifestantes notificar a la autoridad de su movilización.
“La Ley de Movilidad del Distrito Federal supone la restricción del ejercicio pleno los derechos en la Ciudad de México, pues los artículos 212, 213 y 214 imponen límites excesivos que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta social”, aseguró Morena en conferencia de prensa.
Afirmó que obligar a la presentación de un aviso con 48 horas de antelación a la realización de las manifestaciones públicas, sujeta tal derecho a que las autoridades otorguen o no el consentimiento para su ejercicio, abriendo la puerta a que el Estado decida qué derechos pueden ejercerse plenamente y cuáles no.
Morena aseguró que establecer que las manifestaciones públicas deban tener una “finalidad perfectamente lícita”, faculta a las autoridades para que determinen la licitud de cualquier marcha bajo criterios arbitrarios e indefinidos, eliminando la presunción de legitimidad que posee toda manifestación pública.
Los legisladores explicaron que al prohibir el uso de las vías primarias se restringe el espacio territorial en el que pueden ejercerse los derechos, lo que se agrava por las facultades otorgadas a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para tomar las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua, apegándose a lo dispuesto por las normatividad aplicable.
Añadieron que este artículo abre la puerta a la actuación discrecional y arbitraria de los elementos policiales, "lo que podría traducirse en el uso indebido de la fuerza, detenciones arbitrarias; e incluso escalar a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, al amparo de la ley”.
