Ciudad de México.- La Comisión Especial de Amnistía del Congreso del Estado de México (Edomex), presidida por el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), aprobó el día de hoy los lineamientos para la atención a los casos que por su relevancia conocerán las y los diputados locales.
Durante la conferencia de prensa, se reportó que hasta el momento se han recibido 116 solicitudes de amnistía, de las cuales 100 fueron presentadas por la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C. y 16 por personas privadas de su libertad, a través de familiares o personas acreditadas.
También se anunció que la plataforma a cargo de Comunicación Social e Informática donde se realizará la recepción de las peticiones se encuentra casi terminada.
Acompañado de Lady Plácido Arroyo y de Elvira Arroyo Ferrer, representantes de la organización Haz Valer Mi Libertad, y de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), el diputado llamó a agilizar el trabajos para dar respuesta pronta a las personas presas por supuestos actos de violación de derechos, fallas en la aplicación de principios penales, o por la plena presunción de fabricación de delitos.
De las 116 solicitudes recibidas, 100 fueron presentadas por la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C. y 16 por personas privadas de su libertad, a través de familiares o personas acreditadas.
Los lineamientos aprobados establecen que podrán presentar solicitud ante la comisión legislativa las personas interesadas, su defensa, o quienes tengan relación de parentesco con el interesado, así como organizaciones u organismos públicos defensores de derechos humanos.
Las solicitudes deberán presentarse por escrito en las oficinas de la comisión en el Palacio Legislativo, o vía electrónica y en esta se debera acreditar la identidad de las o los interesados, datos de expediente judicial, carpeta de investigación o averiguación previa, así como las razones para solicitar amnistía.
La comisión analizará cada solicitud en colaboración con la Codhem, la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial, y el Ejecutivo a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, así como de organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas y les dará seguimiento hasta que la autoridad judicial tenga un veredicto.
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