Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales nació como organismo constitucional autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos a la información gubernamental y para proteger los datos personales en manos del Estado o de particulares.
Facultado para resolver sobre las negativas de información presentadas por el gobierno federal, actualmente se encuentra subordinado a los poderes que, teóricamente, debería supervisar para garantizar el acceso a la información pública y el derecho humano a la privacidad personal.
En las últimas semanas se observan preocupantes regresiones a la transparencia. Primero respecto al caso paradigmático de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht que involucra a empresas públicas de diez países latinoamericanos y que alcanza a políticos de primer nivel, incluido México, en donde poco sabemos de ese acto de corrupción, porque el INAI validó los candados que se han puesto al caso.
A petición de la PGR se procedió a reservar la información relativa a la investigación que involucra a Pemex. Otro ejemplo de sumisión del INAI a los intereses de la opacidad se observó en días pasados, cuando el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción votó contra la petición formulada por la presidenta de su comité de participación ciudadana para investigar el espionaje del que fueron objeto activistas sociales, académicos y periodistas.
Se solicitaba que el Poder Ejecutivo entregara información sobre el programa de espionaje adquirido por diferentes dependencias gubernamentales. Al votar en contra de transparentar estos hechos el INAI estuvo nuevamente de parte de la Razón de Estado.
La discrecionalidad con que se reserva la información en México facilita su manipulación en función de intereses ajenos a las necesidades del Estado democrático, pero cercanos a las oportunidades políticas del momento.
Por si el panorama no fuera ya lo suficientemente oscuro, adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación confirmó fallas y malos manejos realizados en el proceso de contratación e implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia, concebida originalmente como un instrumento tecnológico para atender las crecientes solicitudes ciudadanas de información. Hoy sabemos que estuvo mal diseñada, que presenta deficiencias y que las irregularidades detectadas derivaron en recomendaciones y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Los problemas más relevantes de la sociedad mexicana son la impunidad y la corrupción, incluso por encima de la pobreza. Los delitos, faltas e infracciones que se definen como actos de corrupción casi nunca se castigan.
Desde luego, no es privativa de México, pero cuando las instituciones no funcionan se agrava más. La democracia es por definición “poder en público”. Para el autoritarismo el secreto es su esencia. Gran parte de la historia política de todos los tiempos está representada por el esfuerzo de los ciudadanos para extender el área del poder visible respecto a la del poder invisible.
De esta forma, la democracia representa un sistema institucional que obliga a los gobernantes a tomar las decisiones con transparencia y a la luz del día, al tiempo que permite a los gobernados observar cómo y dónde son tomadas tales decisiones. Recientemente el presidente del INAI asumió el cargo, por lo que aún está a tiempo para demostrar su compromiso ciudadano.
@isidrohcisneros
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