Ciudad de México.- La hermana de Rubén Espinosa Becerril, asesinado en un departamento de la colonia Narvarte, presentó otro amparo en contra de la Procuraduría capitalina porque no le han entregado copias certificadas de la averiguación previa y por la divulgación de datos personales.
El juicio 206/2015 fue presentado ante el Juez 16 de Distrito de Amparo Penal el pasado 08 de septiembre, en contra del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidio de la Procuraduría General Justicia del Distrito Federal, quien emitió un acuerdo el 17 de agosto.
Alma Cristina Espinoza Becerril, se quejó de que el MP no ha querido entregar unas copias certificadas sobre la averiguación.
Argumentó que se habían violado la constitucionalidad de los artículos 1, 6, 14, 16 y 20, que protegen los datos personales, las garantías individuales, esclarecer y castigar un crimen y protegiendo ante todo a las víctimas, y que sólo se admitirán como pruebas aquellas desahogadas en el juicio.
En la víspera, los familiares de Espinosa Becerril, asesinado el 31 de julio en el departamento 401 del predio número 1909 de la avenida Luz Saviñón, presentaron otro juicio de garantías en contra de la filtraciones de información a los medios lo que ha generado una revictimización y estigmatización y xenofobia en contra de las víctimas.
El lunes pasado a través del primer juicio, el 804/2015, el juez Noveno de Distrito de Amparo Penal otorgó la suspensión definitiva del acto reclamado sólo en lo que compete al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios que lleva las investigaciones sobre el asesinato.
El juez de distrito consideró que el funcionario está impedido por la justicia federal de realizar cualquier tipo de pronunciamiento público, filtración, información, o compartir el expediente de las pesquisas.
Sólo informará a las autoridades superiores cuando haya un avance sustancial de las pesquisas, y queda bajo su plena responsabilidad y resguardo el contenido de la averiguación previa.
Asimismo, negó el amparo en lo que respecta al resto de las autoridades mencionadas en el juicio, como lo es el titular de la PGJDF, otras instancias y servidores públicos que por lógica jurídica no deben tener ningún tipo de información sobre las pesquisas.
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