Ciudad de México.- Académicos y ciudadanos alertaron, en conferencia de prensa, sobre las bases privatizantes del agua que aún existen en la Constitución de la Ciudad de México.
Los ponentes alegaron que hace falta ser precisos con la redacción y pugnaron por la creación de una Contraloría Social del Agua que se erija como órgano autónomo, que permita el acceso sustantivo y equitativo al líquido vital.
Uno de los principales reclamos de “Agua para todos, agua para la vida” es que la Carta Magna local deja la posibilidad abierta para que el director del “organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio” determine a su gusto los planes, obras, licitaciones y contratos para la prestación de este servicio.
Los integrantes de esta organización destacaron que actualmente los trabajos relacionados con el mantenimiento, la reparación de fugas y el reemplazo de líneas están privatizados o en un proceso de concesión, a nombre de cuatro empresas trasnacionales entre las que destacaron Veolia, Grupo Carso y Suez.
Recordaron que el servicio del agua ya está privatizado y divido entre grandes empresas con las que las autoridades han sido permisivas: Lacmex y Tecsa de Grupo Carso, Sapsa de veolia y Amsa. Acusaron al multimillonario Carlos Slim por haber secuestrado el servicio de aguas residuales y por obtener gracias a esto, una gran cantidad de recursos de la Ciudad.
“Agua para todos” exigió, durante su pronunciamiento, que se elimine la imprecisión en el lenguaje de la Constitución y que se expliquen a detalle los mecanismos que ayudarían a prohibir la privatización.
Los trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) participaron en la conferencia y destacaron que el asunto de la privatización “se viene aplicando desde hace años en los servicios conexos del agua. Tienen sectorizada la ciudad para distribuirse las ganancias y los primero afectados hemos sido los trabajadores: ellos tienen apropiados los trabajos de reparación de medidores, la detección de fugas subterráneas, emisión de boletas, facturación y cobranzas”.
“La frase que prohíbe la privatización del agua resulta insuficiente porque todavía hacen falta mecanismos de control ciudadano y de participación, por medio de los cuáles todos los habitantes de la Ciudad y en especial los pueblos originarios podamos gestionar, administrar y controlar los recursos hídricos de la Ciudad”, aseguró el abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alejandro Velázquez.
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