La defensa de los 14 militares vinculados al caso Ayotzinapa busca llamar a declarar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a Alejandro Encinas, quien encabeza la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia y al ex fiscal Omar Gómez Trejo, antiguo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa.
Lo anterior fue dado a conocer por las madres y padres de los 43 después de ingresar a dialogar con autoridades del Consejo de la Judicatura Federal después la protesta que llevaron a cabo, acompañados de cien normalistas, al exterior de sus instalaciones en Insurgentes Sur.
Vidulfo Rosales, quien encabeza la defensa de las madres y padres, explicó que a pesar de ser negada en una primera instancia, tras una apelación, esta solicitud ya fue admitida por el poder judicial pero desconocen la fecha en la que se llevaría a cabo dichos interrogaorios.
Rosales manifestó la postura del comité de padres y madres respecto a esta acción:
«Medra las facultades del ministerio público, medra también un mecanismo de justicia transicional como el de la comision de la verdad, pone en riesgo la cooperación internacional; como que un grupo de expertos venga a colaborar, brinde asistencia médica, y ahora la defensa de los militares quiera interrogarlos, eso pone en riesgo todos estos mecanismos de cooperación, estos mecanismos de justicia transicional que con mucho trabajo se han creado en nuestro país.»
También informó que ya presentaron un recurso de amparo para evitar que los funcionarios mencionados sean llamados a declarar.
El Poder Judicial ¿Del lado de los militares o del lado de la justicia?
Otra de las exigencias que el comité de padres y madres de Ayoztinapa presentó al Consejo de la Judicatura, fue la relativa a un amparo que tiene por objetivo obligar a la Secretaría de la Defensa Nacional a entregar todos los documentos en su poder con información acerca del paradero de los normalistas desparecidos.
Esta ha sido una de las principales demandas de la lucha, el hermetismo de los grupos castrenses ha imposibilitado el esclarecimiento total del papel que jugaron las fuerzas armadas en la desaparición de los estudiantes.
A pesar de que las investigaciones del GIEI y de periodistas independientes han confirmado la participación del Ejército y la Marina en el desarrollo de los hechos y el encubrimiento de la investigación, en dichas instituciones permanece el hermetismo y la opacidad.
A casi nueve años, los militares siguen sin entregar toda la información, aún cuando el presidente López Obrador, comandante supremo de las fuerzas armadas, firmó el 4 de diciembre de 2018 un decreto mediante el cual se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. En palabras de Vidulfo Rosales:
«El tema de la información que los militares tienen que dar respecto al paradero de los 43 ya no es un tema nada más político, ya no es un tema de debate con el presidente de la República, ya es un tema que está judicializado y que corresponde al poder judicial darnos una respuesta.»
Además, hicieron de conocimiento público que les fue otorgada una suspensión provisional que imposibilita a los militares a depurar o destruir información relativa caso.
Fue a través de un recurso de queja que lograron está suspensión previamente negada por un juez.
El tercer punto que expusieron al Consejo de la Judicatura, fue su inconformidad con el cambio de medida cautelar que beneficia al Coronel Hernández Nieto, considerándola un indicio de que el poder judicial está actuando de manera parcial en las investigaciones, beneficiando a los militares implicados.
Al finalizar la reunión y el mitin informativo, se retiraron en autobuses al plantón que mantienen al exterior del campo militar No.1, en exigencia de que el ejército entregue la información que mantienen dentro de sus cuarteles.
