Ante el avance del proceso LPNP-005-2025 para arrendar más de 2 mil 400 vehículos hasta 2028 para las dependencias del Estado de México; ciudadanos de la entidad convocaron a una protesta pacífica en las inmediaciones del Palacio de Gobierno para este viernes 7 de febrero.
Los quejosos detallaron que las bases de la adquisición habrían sido integradas para el supuesto favorecimiento de Jet Van Car, debido a los posibles nexos de la exsecretaria de Finanzas del Estado de México, Paulina Moreno García, con Cuauhtémoc Velázquez, propietario de la empresa a la que se relaciona con el antes gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, y en consecuencia, con el Grupo Pachuca.
Entre las reclamos centrales de los mexiquenses destaca que una empresa foránea se quedaría con el convenio multianual, en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas que operan en el estado y que impulsan a la economía local.
«La gobernadora Delfina Gómez debería denunciar a Paulina Moreno García, que antes de salir de su puesto dejó todo arreglado para beneficiar a Jet Van, una empresa ligada al PRI de Grupo Pachuca, por lo que la derrama económica derivada de estos contratos se irá a otra entidad”, reprobó Juan N, uno de los organizadores de la manifestación.
Al tener este argumento, la protesta se programa para este viernes 7 de febrero a las 10 de la mañana, con la presencia de al menos unas 150 familias.
A pesar que este lunes 3 de febrero se fijó como dia feriado en el Diario Oficial de la Federación, la junta de aclaraciones correspondiente se realizó con presencia de Value Automotriz, Integra Arrenda, Pegasus Mobile and Logistic, Clear Leasing, CA Soluciones Financieras y Jet Van Car.
A los señalamientos por posible favoritismo, Jet Van Car hay suma en contra una inhabilitación que le fue aplicada en 2021, luego que la firma incumplió con un servicio de arrendamiento en el Servicio de Protección Federal.
Registros de Compranet revelaron que Jet Van consiguió contratos por alrededor de 7 mil 400 millones de pesos en el sexenio pasado, lo que significa alzas palpables frente al mandato de Enrique Peña Nieto, cuando los acuerdos públicos ascendieron a 6 mil 562 millones de pesos.
Los inconformes buscan que las autoridades indaguen el proceso de adquisición y que se tomen medidas para garantizar el respeto a la libertad de competencia, mediante piso parejo para todas las interesadas. Las proposiciones serán entregadas el 6 de febrero a las 10 de la mañana.
