La discusión sobre las medidas internas que México adopta frente al crimen organizado volvió a escena con la opinión del exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Mark T. Esper. El exfuncionario colocó el tema en un plano regional al advertir que decisiones regulatorias dentro del país influyen en la operación de grupos delictivos con presencia transfronteriza. Entre ellas, resaltó la prohibición de vapeadores como un ejemplo de políticas que, en su lectura, alteran el equilibrio del comercio legal.
Esper recordó que la estrategia estadounidense mantiene como prioridad reducir la capacidad operativa de organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera. “La seguridad regional exige acción y responsabilidad compartidas por nuestros socios”, afirmó al señalar que la cooperación bilateral necesita un alcance más amplio y ajustes que eliminen espacios de expansión para esos grupos.
En su texto publicado en USA Today, el exsecretario sostuvo que “la mayor amenaza reside en las leyes y políticas inconsistentes”, una referencia a marcos normativos que —según su análisis— abren rutas para actividades ilícitas. Desde su óptica, estas contradicciones alimentan la capacidad financiera de organizaciones delictivas con vínculos en México y Estados Unidos.
El exfuncionario utilizó el caso de los vapeadores como ejemplo de un mercado que, tras la prohibición total en México, migró hacia circuitos informales. “La prohibición entregó a los cárteles una lucrativa oportunidad de contrabando”, afirmó. En su postura evitó valorar el objetivo sanitario impulsado por el gobierno mexicano y optó por enfocar su crítica en los efectos económicos que grupos ilegales pueden capitalizar.
También reconoció que el gobierno de Claudia Sheinbaum participa en extradiciones, controles fronterizos y acciones de coordinación con autoridades estadounidenses. Consideró estos pasos como avances, aunque subrayó que persisten factores estructurales sin modificación, lo que —en su opinión— dificulta consolidar una estrategia regional coherente.
Mark T. Esper cerró con un llamado a construir regulaciones congruentes y acuerdos más sólidos en América del Norte. “La cooperación no puede detenerse en el intercambio de inteligencia”, sostuvo, al plantear que un avance duradero depende de decisiones internas que definan con claridad el margen de operación de organizaciones criminales, mientras Estados Unidos mantiene apoyo y solicita resultados verificables.
