Para colectivos y habitantes de pueblos originarios de la Ciudad, el anuncio de Claudia Sheinbaum para eliminar el concepto de Suelo Rural de la Constitución capitalina no significa que la amenaza haya terminado.
Advirtieron que la intención de desaparecer suelo de conservación con el objetivo de urbanizarlo aún podría establecerse en otros instrumentos normativos de desarrollo urbano.
El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac emitió un comunicado respecto al anuncio que hizo la jefa de gobierno hace dos días.
ADVERTENCIA
La mandataria capitalina dio a conocer que enviará al Congreso de la CDMX una iniciativa de reforma a la Constitución capitalina para eliminar el polémico concepto de Suelo Rural de la Carta Magna local.
“Si bien es un avance la eliminación del suelo rural y la preservación de la extensión del suelo de conservación, la disputa no ha terminado, solo se ha desplazado.
“Aún podrían establecerse otros instrumentos, o podrían crearse otras subclasificaciones del suelo de conservación dentro de los programas por Alcaldía o demarcación territorial”, advirtió el Frente.
Este colectivo agrupa a habitantes de pueblos y barrios originarios de toda la Ciudad y a lo largo del año ha advertido de las trampas contenidas en el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
Además, ha señalado la ilegalidad e inconsistencias de la consulta al PGOT y al Plan General de Desarrollo (PGD) que organizó el gobierno de Sheinbaum a través del Instituto de Planeación.
CONSULTA SIMULADA
Hoy en su comunicado, el Frente agregó que nunca estuvo en juego solamente la existencia o no del suelo rural.
Sino la totalidad de instrumentos de desarrollo urbano y de principios de acción contenidos en el PGD que favorecen al sector inmobiliario.
El Frente también acusó que el Instituto de Planeación realizó firmas de protocolos y encuentros simulados con personas que carecían de representatividad de las comunidades que decían encabezar.
Así, este colectivo exigió la anulación de todos los procesos y protocolos ilegalmente realizados.
De esta forma, también denunció que el aplazamiento de la fecha (1 de octubre de 2023) para la entrada en vigor del PGOT y el PGD, por sí mismo es insuficiente.
TIEMPO LIMITADO
El Frente consideró que ese aplazamiento del proceso de consulta resulta limitado para la amplia discusión de los temas, pues se define el futuro de la ciudad.
Consideró necesario un nuevo PGOT y PGD que limiten los abusos del poder inmobiliario.
Para ello se requiere un proceso construido a la par con los pueblos, barrios y colonias populares, el cual debe ser ampliamente consensuado en un período más amplio, señaló el colectivo.
También propuso la revisión, actualización y conformación del Consejo Ciudadano del Instituto de Planeación.
La intención es que sus integrantes sean personajes de reconocida honorabilidad ante la ciudadanía, no tengan vínculo con partidos políticos y no hayan sido servidores públicos.
MOVILIZACIÓN
En su comunicado este colectivo anunció una amplia estrategia de movilizaciones para el próximo año.
Una de ellas será en el Congreso de la Ciudad de México durante el inicio del siguiente período de sesiones que arranca el 1 de febrero.
Los pueblos y barrios que conforman este colectivo se declararán en asamblea permanente mientras esté la consulta del PGOT y PGD.
Se conformarán brigadas de difusión comunitaria que mantenga informada a la población por pueblo y barrio.
Se fomentarán también festivales de Arte y Cultura para extender el movimiento de pueblos y barrios.
Se incluirían estrategias de participación comunitaria para el ordenamiento territorial de tal manera que a través de un diagnóstico de cada comunidad, se puedan presentar ordenamientos por pueblo y barrio.
