Las justicieras

El tráiler

Las justicieras. Para Carmen Aristegui y Proceso. 


240 mil hojas, de ese tamaño es el expediente sobre la masacre de 196 personas en San Fernando, Tamaulipas.

La lucha de una década por esclarecer lo sucedido exhibe las opacidades oficiales y los riesgos para las familias de las víctimas y de quienes las defienden. 

Desde que en 2011 se diera a conocer la existencia de las fosas de San Fernando, Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti (abogada, periodista y antropóloga forense) se unieron para investigarlas.

La semana pasada informaron que, en 2015, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR las acusó a ellas y a familiares de siete víctimas de ¡“secuestro y delincuencia organizada”! 

Con esa base, la SEIDO pidió a las compañías telefónicas acceso a todas las llamadas y mensajes que hicieron, familiares y representantes, entre febrero de 2015 y abril de 2016.

Luego pidió a la policía federal que hiciera cruces y análisis de sus movimientos y contactos.

La aberración demuestra la ferocidad de la batalla por la información.

La PGR y la FGR hicieron hasta lo imposible por mantener ocultos unos legajos indispensables para acercarse a la verdad y procurar justicia, reparaciones y garantías de no repetición.

Así pues, la SEIDO defendió a la red de impunidad y corrupción formada por criminales y funcionarios públicos.

La abogada, la periodista y la antropóloga armaron una red por la verdad y la justicia integrada por familiares de víctimas, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y algunos funcionarios.

Las justicieras y sus organizaciones también han contado con los recursos y aportaciones de personas y fundaciones nacionales y extranjeras.

Las justicieras

La Fundación Ford —representada entonces en México por Mario Bronfman— otorgó los primeros recursos para investigar una matanza hecha en México con armas estadounidenses. 

Con la respuesta del Estado mexicano podría urdirse un tapiz sobre la esquizofrenia.

La Suprema Corte ordenó a la FGR entregar copia de los 272 tomos y 57 anexos a dos familiares de víctimas y a la OSC que preside Delgadillo.

La 4T ha tenido un comportamiento desigual.

Cuando informaron la semana pasada de las acusaciones hechas por la SEIDO, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Gobernación les concedió rápidamente medidas de protección. 

La fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero se ha inclinado por la opacidad y la reticencia a ponerse del lado de los derechos de las víctimas y sus representantes.

En una década, la PGR y la FGR detuvieron a unos 70 criminales, pero no han abierto una sola línea de investigación sobre la responsabilidad de funcionarios públicos pese a que, por ejemplo, las fosas donde enterraron los cuerpos se hicieron con los trascabos del municipio de San Fernando.

Tampoco han dicho una sola palabra sobre la denuncia presentada la semana pasada por Delgadillo, Turati y Doretti; que siguen sin saber si podrían meterlas a la cárcel acusadas de delincuencia organizada.  

Más grave resulta que la FGR preserve las redes de complicidad.

Fosas de San Fernando 

El expediente sobre las fosas de San Fernando confirma que el personal de la SEIDO de Enrique Peña Nieto continúa trabajando en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de Andrés Manuel López Obrador.

La impunidad sigue teniendo quién la engrase. 

Es una historia inconclusa. La FGR bien podría desmontar las redes de impunidad y corrupción.

Deseable pero improbable porque el fiscal y el Presidente tienen otras prioridades.

Los funcionarios de la 4T comprometidos con las víctimas no tienen injerencia en este caso.   

El equipo de Delgadillo y la Fundación para la Justicia que preside siguen estudiando las 240 mil hojas para reconstruir la historia del tejido criminal, social y gubernamental que hizo posible la masacre.

Importa demostrar que se puede lograr porque México es un país de víctimas.

Con la evidencia que reúnan podrán seguir interponiendo recursos jurídicos ante un Poder Judicial federal cada vez más independiente y comprometido. 

Asumámoslo de una buena vez: en la construcción del cambio verdadero el protagonismo sigue estando en manos de la sociedad organizada.

Mis respetos para las tres justicieras: Delgadillo, Turati y Doretti. 

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