La tregua mocha. El secretario de la Marina y el presidente de la Suprema Corte pactaron una tregua importante, pero incompleta porque no incorpora ni al Ejército ni a la sociedad.
En asuntos de seguridad México trae un enredo monumental.
El Presidente está muy debilitado porque, diga lo que diga, su estrategia no funciona y porque los criminales se aprovechan del desbarajuste para expandir su influencia.
En este escenario el Presidente ha optado por trasladar el problema a unas fuerzas armadas a las que compensa con incrementos en presupuesto y responsabilidades.
Los militares parecerían estar en una situación ideal por el enorme respaldo social.
Según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI en julio de 2021, el 86.5 por ciento de la población confía en la Marina; el 84.2 en el Ejército y el 74.1 en la Guardia Nacional, y sin embargo, nuestras fuerzas armadas están inconformes con su situación.
Van un par de ejemplos.
En diciembre de 2016 el entonces secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, criticó a los poderes Legislativo y Judicial.
El 21 de mayo el secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, lanzó un reproche durísimo: “parece ser que al enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”.
Los militares, me comentan especialistas como Raúl Benítez Manaut, ven con desconfianza a los civiles que gobiernan.
Los consideran indisciplinados, ineficientes y corruptos.
Después de la crítica de mayo, hubo reuniones privadas entre el almirante y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
Ello sentó las bases para la treguaformalizada en una ceremonia realizada el 18 de agosto en un auditorio del Poder Judicial.
Cuando terminaba su discurso, el almirante rompió con una de las tradiciones más arraigadas de la clase política: su heroica resistencia a reconocer públicamente sus errores.
El marino pidió “una disculpa pública” porque, agregó: “hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos, hay buena justicia social”.
Sin embargo, incorporó una cláusula muysignificativa: la disculpa era para “quien se lo merezca”.
Retomó el ánimo conciliatorio cuando añadió una petición: “queremos —dijo— entenderlos [al Poder Judicial], pero también queremos que nos entiendan”.
Luego habló el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien hizo una apasionada defensa del Estado de derecho e insistió machaconamente en la necesidad de respetar los derechos humanos (fueron mencionados seis veces en siete minutos).
Zaldívar añadió que “las instituciones estamos del mismo lado” y “no estamos enfrentados”.
La tregua mocha
La tregua es positiva e innovadora en el formato.
Sin embargo, es insuficiente porque carece de una estrategia general y porque fue notoria la ausencia de algún representante del Ejército en el presídium.
El entendimiento entre el marino y el juez tampoco significa una reducción de la violencia criminal, lo que está provocando el descontento de diversos sectores.
Resulta llamativo el silencio de ambos sobre el papel de la sociedad y las necesidades de las víctimas.
La sociedad observa con desconcierto a sus fuerzas armadas.
En párrafos anteriores incluí las cifras de la ENSU donde se manifiesta la aprobación social por su desempeño.
Sin embargo, en la última encuesta de El Financiero (3 de agosto), el 52 por ciento de la población se muestra preocupada por la militarización y los efectos que esta tiene en los derechos humanos.
Crece la inquietud entre los promotores de los derechos humanos por lo que está pasando con este gobierno.
El párrafo inicial del Informe 2020 de Human Rights Watchsintetiza una opinión generalizada: “Las violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad —incluyendo tortura, desapariciones forzadas y abusos contra migrantes— han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.
Necesitamos una estrategia de seguridad centrada en salvaguardar a la población de la violencia criminal.
El costo humano que estamos pagando es enorme e inaceptable.
Dada su disposición para la innovación, la Marina y la Suprema Corte podrían abrir un diálogo con la sociedad sobre cómo reducir el costo social.
Al igual que la Marina y el Poder Judicial, la sociedad y las víctimas también quieren ser escuchadas y comprendidas. Es la tregua mocha.
Colaboraron Anuar Israel Ortega Galindo y Sergio Huesca Villeda
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