La inconstitucionalidad del PEF 2022

La “Institucionalidad” de Sergio

La inconstitucionalidad del PEF. En noviembre pasado, la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados aprobó un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 que viola preceptos de progresividad y no regresividad en rubros de educación, salud y protección de las mujeres, entre otros.

La mayoría oficialista no permitió el debate de las casi dos mil reservas que se presentaron.

No cambiaron ni una coma al proyecto enviado por el Ejecutivo.

Por esta razón, los diputados de la Alianza Va x México, interpusimos este martes una acción de inconstitucionalidad contra el PEF 2022.

El controvertido presupuesto es regresivo porque violenta derechos de las y los ciudadanos.

Ahí se incluyen los derechos político electorales al recortar casi cinco mil millones al Instituto Nacional Electoral.

La acción de inconstitucionalidad presentada por los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pretende revertir el grave error de la oposición complaciente.

Con la reducción de presupuesto o desaparición de algunos programas existentes, se le niega a la población la progresividad establecida en la Constitución.

El PEF 2022 establece rubros con alto grado de discrecionalidad y cuyo impacto social y económico afecta derechos como la salud y la educación. 

Tal es el caso de los recursos asignados al Banco del Bienestar, para la construcción de dos mil 700 sucursales.

La inconstitucionalidad del PEF

Otro ejemplo de regresión es el incremento del 70% al presupuesto destinado a la Guardia Nacional.

Este incremento no se justifica con indicadores de desempeño.

Por el contrario, en el Anexo 22 Ramo 33, para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FORTASEG) se previó un monto marginal menor al índice inflacionario.

Esto a pesar del incremento significativo de la violencia y de la inseguridad en el país.

De acuerdo a la Cuenta Pública 2020 y 2021, así como el PEF 2022, evidencian que el INSABI ha gastado menos en subsidios a servicios públicos de salud, que los que gastaba el Seguro Popular.

Ello significa una regresión en materia de salud.

Lo más evidente, es la escasez de medicamentos para atender enfermedades como el cáncer, sobre todo en menores y mujeres.

Cabe destacar que se presentaron un total de 1,994 reservas para someterlas a la discusión en lo particular.

Sin embargo, ninguna de éstas fue objeto de argumentación por decisión de un grupo parlamentario mayoritario.

El balón está en la cancha del Poder Judicial, esperamos que el máximo tribunal del país, otorgue la razón a esta acción de inconstitucionalidad para reasignar el gasto público a prioridades urgentes en beneficio de la sociedad.

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