La Constitución Política de la Ciudad de México festeja su octavo aniversario.
Fue el producto de una importante confrontación de ideas y propuestas que se llevaron a cabo dentro de una Asamblea Constituyente que fue la primera institución legislativa en el país que operó bajo los principios de parlamento abierto y que incluso, dispuso de un área de apoyo técnico encabezada por la sociedad civil para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.
Dicho órgano legislativo funcionó del 15 de septiembre de 2016 al 5 de febrero de 2017.
El debate entre representantes populares sobre los derechos y garantías que una gran metrópoli como la CDMX requiere, representó el punto de partida para concebir el nuevo orden jurídico y político que históricamente han demandado sus habitantes.
En su momento, la Constitución local fue concebida como un ordenamiento jurídico de avanzada porque tenía los objetivos estratégicos de brindar una tutela efectiva de los derechos humanos.
También porque buscaba garantizar los principios de autodeterminación personal tanto para los matrimonios igualitarios y la identidad LGBTTTIQ+, como para el uso terapéutico de la cannabis o el derecho a la eutanasia.
Además afirmó los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, y estableció la protección jurídica para los animales reconociéndolos como seres sintientes.
Sin embargo, muchas de las aspiraciones plasmadas en este proyecto normativo han sido tergiversadas o aún se encuentra pendiente su legislación secundaria.
Cualquier Constitución Política representa la estructura de una comunidad jurídicamente organizada, así como el orden necesario que deriva de la designación de un poder soberano y de los órganos que lo ejercitan.
El constitucionalismo se presenta como una teoría jurídica que es el fundamento de una forma de gobierno que se rige por leyes objetivas y por la racionalidad del derecho sobre el poder de los gobernantes, y al mismo tiempo, como una teoría política que se inspira en la defensa y ejercicio de los derechos ciudadanos colocando al Estado en la condición de no poderlos violentar.
El constitucionalismo proyecta los principios jurídicos básicos que permiten asegurar a la sociedad, sin importar la coyuntura histórica imperante, el mejor orden político.
Aunque el constitucionalismo es un fenómeno moderno, sus doctrinas nacen del pensamiento político clásico, según el cual es preferible el gobierno de las leyes al gobierno de los individuos.
La contraposición entre un poder de ciudadanos amantes de las leyes y los regímenes autoritarios que las cancelan o tergiversan, constituye la diferente identidad entre las personas libres y los individuos sometidos a un poder despótico.
Las ideas clásicas influyeron de manera decisiva en el pensamiento contemporáneo a través de los conceptos: republicanismo, legalidad y democracia.
El constitucionalismo moderno estableció los derechos consagrados y la separación de poderes.
Desde su promulgación el 5 de febrero de 2017, la Carta Magna local enfrentó grandes enemigos.
Los políticos de siempre buscaron preservar sus privilegios demandando la nulidad total o parcial de distintos artículos constitucionales y estableciendo conceptos de invalidez sobre lo más avanzado del nuevo ordenamiento jurídico y político.
Cuestionaron el alcance, contenido y principios de los derechos humanos, buscaron modificar el control de constitucionalidad y convencionalidad para su protección, restringiendo las garantías para la autodeterminación personal así como los derechos sexuales y reproductivos.
Las ofensivas en contra de la Constitución de la Ciudad de México han sido constantes a través de reformas y adiciones que intentan revertir los avances establecidos.
Es necesario contrarrestar estas involuciones que la acechan desde distintos flancos y que aparecen bajo la máscara de armonizacioneslegislativas que generalmente apuestan por soluciones conservadoras.
Por ello, es que recordar hoy a nuestra Carta Magna local significa defender la participación ciudadana y la inclusión social, pero sobre todo, los derechos fundamentales.
