La renovación del Poder Judicial de la Ciudad de México no pasó desapercibida.
Rompió el viejo esquema de control casi absoluto del magistrado Rafael Guerra en el Tribunal Superior de Justicia, pero abrió la puerta a una nueva incertidumbre: la politización abierta del sistema judicial.
La ruptura con el monopolio de Guerra parecía necesaria. Su largo predominio había anulado los contrapesos internos.
La nueva etapa prometía oxigenar al Poder Judicial, sin embargo, la elección fue precipitada, sin lineamientos públicos claros ni mecanismos de evaluación técnica.
Se organizó “al vapor”, sin oportunidad de evaluación ciudadana ni rendición de cuentas.
En lugar de meritocracia, hubo repartos. Líderes de Morena, alcaldes e incluso actores del PAN intervinieron. Se consolidaron nuevos cacicazgos disfrazados de renovación.
El contexto es alarmante. Según el reporte de Impunidad Cero, en 2022 la impunidad en la CDMX fue del 99.1%. Casi ningún delito se castiga. Sin un Poder Judicial fuerte, esta cifra no cambiará.
El tema está en la agenda pública. Es momento de exigir reformas estructurales: procesos de designación con exámenes abiertos, perfiles técnicos y una comisión ciudadana ética.
Montesquieu lo advirtió desde el siglo XVIII: “No hay libertad si el poder judicial no está separado de los otros poderes”. Y hoy, esa separación está en duda.
En tanto, Ronald Dworkin también escribió: “Los derechos no son concesiones políticas, son barreras morales contra el poder”. Cuando los jueces dependen del favor político, esas barreras se desmoronan.
La CDMX está a tiempo de corregir. Si no se garantiza independencia judicial real, seguiremos viviendo en una ciudad con leyes de vanguardia… pero sin justicia.
NOCAUT.
La Alameda Central, Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución dejaron de ser espacios libres del comercio informal.
Ahora son la utopía del ambulantaje que se desborda en el mayor atractivo turístico de la capital del país. La transformación avanza.
¡Abrazos, no periodicazos!
