La jueza del Distrito Judicial de la Ciudad de México, Leticia Robledo, dio a conocer que fue presionada por Carlos Alpízar, actual funcionario en Gobernación para resolver el caso del rancho de las Mesas en Valle de Bravo.
Carlos Alpízar, era secretario general del Consejo de la Judicatura Federal. Alpízar, fue señalado en una denuncia anónima contra el exministro Arturo Zaldívar por posible tráfico de influencias.
Alpízar le dijo que querían hablar de un asunto relacionado con un bien inmueble en el Estado de México, específicamente el rancho Las Mesas en Valle de Bravo.
El cual había sido asegurado desde 2016 al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y que ahora era reclamado por Moisés Mansur, presunto prestanombres de Duarte.
La Secretaría de la Defensa Nacional solicitó a Carlos Alpízar apoyo para intervenir y quedarse con el rancho. Robledo declaró incompetencia para el caso, argumentando que el rancho estaba en el Estado de México y ella en la Ciudad de México.
La jueza, Leticia Robledo denunció a Alpízar por intentar influir en el juicio. Alpízar, al ser consultado, negó haber tratado este tema con algún juez.
Robledo hizo un llamado a otros jueces que han enfrentado presiones para denunciar estos actos. Considera que es un deber ético hacerlo.
Jueza fue presionada por Carlos Alpízar excolaborador de Zaldívar
El 9 de abril, el Consejo de la Judicatura Federal recibió una denuncia que acusaba a Zaldívar y otros exfuncionarios de presionar a jueces y magistrados para cambiar el curso de las resoluciones en los casos que estaban a cargo.
La denuncia anónima involucra a cuatro altos mandos del Poder Judicial de la Federación y del Gobierno Federal, quienes habrían presionado a más de 70 jueces y magistrados para obtener resoluciones favorables en al menos 18 casos significativos para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Según el documento, Carlos Antonio Alpízar Salazar fue señalado como la persona que ejerció principalmente presión sobre más de 70 jueces y magistrados. Se le acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción y extorsión.
Días después, Zaldívar anunció que impulsaría un juicio político contra la ministra Norma Piña por supuesta «intervención en el proceso electoral»,
