La supuesta complicidad entre empresarios y jueces locales salió a la luz en una denuncia que involucra a los hermanos Juan Carlos Del Rio González y Ernesto Joaquín Del Río González. Los propietarios de Ingenieros Electrónicos Civiles y Eléctricos, proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex), están acusados de dirigir una red que presuntamente defrauda a contratistas de la empresa estatal.
Acusada de presuntamente estar vinculada a la red criminal, Fabiola del Carmen Guerra Abreu, jueza Tercera del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial de Campeche, es mencionada en la denuncia dirigida a Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República; Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, y Jakson Villacis Rosado, fiscal General del Estado.
La red de extorsión organizada que se aprovechó de la crisis de pagos en el sector energético es atribuida, según el documento, a Juan Carlos Del Río, ex candidato a la gubernatura de Campeche por Acción Nacional y cercano a Felipe Calderón y Margarita Zavala. Según el escrito, el modus operandi de esta red incluye la falsificación de órdenes de compra, la presentación de facturas falsas contra proveedores de Pemex, la apertura de litigios penales y, en complicidad con jueces locales, la presión legal para exigir pagos por servicios inexistentes.
Entre las exigencias de la acusación se incluye la realización de una investigación exhaustiva contra los hermanos Del Río y la jueza local, la ejecución de acciones legales y administrativas pertinentes, y la vinculación a proceso de los implicados. También se solicita la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para garantizar un debido proceso sin interferencias, así como una auditoría completa a los contratos otorgados por Pemex a las empresas relacionadas con los acusados.
Aquaservices del Golfo, Becal Inmobiliaria y Constructora, Comercializadora Rigon, Grupo Constructor del Carmen, Grupo Gadesa, Inmobiliaria y Constructora Kan-Pech, Logista Comercial Integrada y Petroexport de México son algunas de las empresas mencionadas en el documento como parte de las 19 compañías en las que Juan Carlos del Río tiene participación. El documento también incluye promotoras turísticas con sede en Veracruz.
El ex miembro del PAN advirtió en noviembre de 2024 a los medios que Ciudad del Carmen se encontraba en una situación límite por los adeudos de Pemex. En sus declaraciones, Del Río González destacó que como empresario enfrentaba retrasos de hasta 10 meses en los pagos.
La relación de complicidad entre Juan Carlos del Río y Fabiola del Carmen Guerra Abreu, jueza Tercera del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial de Campeche, fue señalada en la denuncia como supuesta clave para los litigios impulsados por la empresa Ingenieros Electrónicos Civiles y Eléctricos en contra de compañías y personas físicas.
La decisión de no vincular a proceso a Darguin Santiago Nah Echeverría, ex director del Centro de Reinserción Social de Carmen, y a 16 custodios acusados de abuso de autoridad y lesiones, fue una de las resoluciones más cuestionadas de Guerra Abreu, de acuerdo con lo expuesto. Este acto habría sido considerado por el abogado Miguel Cicler Pérez como un duro revés para la Fiscalía Anticorrupción.
En una propuesta conjunta con Arrendadora Acalsi, la empresa de Juan Carlos del Río obtuvo en marzo de 2024 el contrato 648024601, asignado por Pemex Exploración y Producción, por 52 millones 830 mil 238 pesos, destinado a la adquisición de coples magnéticos para motobombas, a pesar de lo anteriormente señalado.