El Instituto Electoral capitalino (IECM) y Talleres Gráficos de México iniciaron la impresión de 23.9 millones de boletas y de la papelería electoral que se utilizará para la elección judicial del próximo 1 de junio.
Dentro de 15 días habrá concluido el proceso de impresión y luego comenzará su distribución en las 33 oficinas distritales del IECM en la CDMX en donde quedarán bajo resguardo con apoyo de la Policía.
El costo de las boletas fue de 120 millones de pesos y es caro pues se deben imprimir en papel seguridad, explicó Patricia Avendaño, presidenta del Instituto Electoral.
Para el caso de la elección de jueces y magistrados capitalinos cada ciudadano recibirá tres boletas, para la elección de jueces, magistrados y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
Avendaño agregó que ha solicitado al gobierno capitalino una ampliación presupuestal por 100 millones de pesos, sobre todo para solventar otro gasto inmediato que se viene después de la elección judicial y que es la del presupuesto participativo y cubrir el costo financiero que se tiene con el INE.
Después de que se han presentado declinaciones de candidatos ya registrados, quedan 613 aspirantes a participar en la elección del 1 de junio.
De 99 cargos a juzgados que estaban en contienda, su número bajó a 98, pues uno de ellos quedó desierto de aspirantes.
Se trata del Juzgado Civil Especializado en Extinción de Dominio.
Así, para los comicios judiciales capitalinos están en disputa 98 cargos para jueces y juezas, 34 magistraturas y cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
Durante el evento protocolario para iniciar la impresión de boletas, el consejero electoral Ernesto Ramos se refirió a la resolución del Tribunal Electoral que le permite a la jefa de gobierno hablar sobre los comicios de jueces y magistrados.
Dijo que el IECM ya ajustó los lineamientos impugnados por Clara Brugada y así los órganos de gobierno podrán difundir aspectos del proceso electoral, como señalar la fecha de los comicios, promover la participación ciudadana.
Pero recordó que ni la jefa de gobierno ni algún otro servidor público pueden hacer labores partidarias y proselitistas sobre esos comicios.
Es decir, no pueden hablar a favor o en contra de ninguna candidatura.
Se agregó en los lineamientos que las autoridades no pueden realizar actos que estén en contra de la naturaleza de su institución.
