Un juez de control impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar a Julio César Serna por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
Además, el juez determinó la inmovilización de cuentas del ex funcionario y cercano colaborador de Miguel Ángel Mancera.
Durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos formuló imputación correspondiente.
La defensa de Serna solicitó la duplicidad del término constitucional.
El ex director de la Central de Abasto fue aprehendido en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.
Entre 2008 y 2018, Serna ocupó diversos cargos en la administración pública local, como Director de la Central de Abasto y Coordinador General del Gabinete en la Jefatura de Gobierno.
LA ACUSACIÓN
Según la Fiscalía, el hoy imputado probablemente utilizó esos cargos para incrementar su patrimonio de manera injustificada y sin comprobar su legítima procedencia.
Su detención derivó de la información aportada por Miguel Ángel Vásquez, quien fuera subsecretario de Capital Humano en la pasada administración.
Vásquez también se encuentra bajo proceso penal y en prisión domiciliaria, acusado de fraude en contra de la hacienda pública local.
APLICA LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
Este 29 de noviembre, al ser cuestionada sobre el tema, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum consideró que podría aplicar la extinción de dominio en contra de propiedades de Serna.
Explicó que la Fiscal Ernestina Godoy está muy de acuerdo en el tema del resarcimiento del daño y por eso la extinción de dominio es una posibilidad.
Recordó que la investigación penal tiene como objetivo identificar si el ex funcionario tiene mayores riquezas que lo correspondiente a los ingresos como servidor público.
Sheinbaum recordó que esta indagatoria viene de diversos casos identificados por la Secretaría de Finanzas, respecto a la contratación de empresas fantasma para simular la devolución del ISR de trabajadores del gobierno local.
Esas empresas se contrataron en la pasada administración y durante tres días.
En ese tiempo habrían simulado la devolución de dicho impuesto.
Otro caso de corrupción durante el anterior gobierno se dio en torno a la reconstrucción de viviendas luego de los sismos.
En ese asunto se detectó la contratación de empresas que cobraron entre cinco o 10 veces más por obras de reedificación.
Por ello está en la cárcel el ex comisionado para la Reconstrucción Edgar Tungüí.
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