El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, afirmó que los habitantes de comunidades fronterizas que se trasladaron a la aldea de Guailá, en Guatemala, lo hicieron por decisión propia para reunirse con familiares vinculados a actividades delictivas, y no a causa de desplazamientos forzados.
“Ellos mismos de manera voluntaria están yéndose hacía Guailá porque allá están sus familiares que tienen problemas con la ley, que tienen investigaciones y carpetas aquí abiertas con nosotros. No hay como tal un desplazamiento forzado y menos provocado por la violencia”, declaró en entrevista con Heraldo Noticias.
El funcionario señaló que existen más de 50 órdenes de aprehensión vigentes contra personas identificadas como generadores de violencia en la región.
Explicó que las autoridades chiapanecas mantienen comunicación con instituciones guatemaltecas para proceder con detenciones, incluso con solicitudes de fichas rojas ante la Interpol.
Llaven Abarca recordó durante la entrevista con Heraldo Noticias que entre 2023 y 2024 se registró en Chiapas un incremento de la violencia, con presencia de grupos criminales que limitaron la movilidad y afectaron la vida comunitaria.
De acuerdo con el fiscal, esa situación cambió tras la llegada del gobernador Eduardo Ramírez, hace ocho meses, con acciones de seguridad que han restablecido actividades en la entidad.
“Se ha recobrado la confianza de la ciudadanía, el libre tránsito está garantizado, han vuelto los niños a clases, ya están abiertas las escuelas, así también el sistema de salud ya se ha recuperado, se ha restablecido todas las clínicas que estaban tomadas por los grupos criminales hace más de un año”, señaló.
El funcionario reiteró que el fenómeno observado en la frontera sur no se trata de desplazamiento forzado, sino de movimientos voluntarios vinculados a personas con procesos judiciales pendientes en México.
