La Fiscalía capitalina señaló una omisión específica de la empresa Transportadora Silza, sobre la falta de gestión de riesgos, por la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia que ha cobrado la vida de 31 personas.
A un mes de aquella tragedia, la fiscal general Bertha Alcalde, así como peritos y expertos salieron también a señalar en conferencia la falta de capacidad y pericia del conductor de la pipa (quien ya falleció) para mantener el vehículo en la vía, así como el exceso de velocidad al momento del accidente, como las causas principales de la volcadura de la pipa, la fuga de gas y la posterior explosión.
Según los análisis periciales, conducía a 44 kilómetros por hora cuando en la curva donde se volcó la velocidad máxima permitida era de 40 kilómetros por hora.
Descartaron fallas mecánicas de la unidad o elementos externos como la existencia de baches, desniveles o alteraciones en la carpeta asfáltica que propiciaran la volcadura.
No obstante, Bertha Alcalde enfatizó que “los análisis apuntan a omisiones de la empresa propietaria, particularmente en lo que corresponde a la gestión de riesgos, y a partir de estos resultados, la Fiscalía se enfocará en la reparación del daño”, dijo.
Lo expuso luego de que tomó la palabra Víctor Garduño, perito en ingeniería mecánica y seguridad industrial, quien acusó la falta de exámenes médicos que debían aplicarse al chofer de la pipa la mañana del accidente cuando salió de Tuxpan, Veracruz, hacia la alcaldía Tláhuac.
Además, tampoco hay registros de que al conductor de la pipa se le hubiera capacitado con cursos de análisis de riesgo en manejo defensivo y seguro.
También se detectó que el conductor llevaba 6 horas y 20 minutos al volante previo al accidente, cuando la reglamentación para los operadores de esos vehículos de carga les obliga a descansar 30 minutos por cada cinco horas continuas de manejo.
A pregunta expresa sobre si el conductor de la pipa fue el responsable de la tragedia, la Fiscal respondió:
“En principio sí, hay elementos para definir responsabilidad del chofer, por la falta de pericia, pero ya falleció y eso hace que la carpeta de investigación contra él se sobresea.
“Pero creemos que hay elementos en relación a las causas mediatas, es decir, el contexto, lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, que nos permitiría poder en su momento, tratar de acreditar una posible responsabilidad a la empresa”.
El perito Víctor Garduño también señaló otras posibles responsabilidades del conductor, pues se detectó que en su trayecto de Tuxpan hacia Tláhuac rebasó en tres ocasiones el límite máximo de velocidad permitido, al alcanzar más de 100 kilómetros por hora, cuando no debía transitar a más de 80 kilómetros por hora.
Además, en días previos y en otros trayectos ya se le habían detectado al menos otros tres momentos de excesos de velocidad, sin que hubiera medidas de la empresa para controlar esa situación.
Bertha Alcalde recordó también que la investigación penal gira en torno a tres delitos culposos, los cuales son homicidio, lesiones y daños materiales.
Expuso que para los ilícitos culposos hay salidas de mediación a través de de acuerdos reparatorios y en esos casos no son necesarias imputaciones penales, siempre y cuando haya voluntad de las víctimas y de los imputados para llegar a esos acuerdos.
Pero dejó en claro que de no llegar a acuerdos reparatorios en principio y con informático. Fiscalía si tiene hay elementos para iniciar una imputación contra la compañía dueña de la pipa, por la omisión en gestión de riesgos, que la empresa puede controvertir ante un juez.
La fiscal agregó que ya se trabaja en la documentación de los daños y de los factores relevantes para el cálculo de los montos de indemnización a las víctimas, para asegurar que el proceso sea ágil, transparente y acompañado por las instituciones del Estado.
Recordó que la tragedia ha dejado 31 personas fallecidas, 59 lesionados y 44 víctimas que sólo sufrieron daños materiales. Se tiene el registro de 52 vehículos afectados de los cuales 48 son particulares y cuatro pertenecen al servicio público.
