El pasado 27 de marzo de 2026, los tribunales de la Ciudad de México dictaron una sentencia definitiva que puso fin a seis años de litigio sucesorio: Rosa María Rubio Zepeda fue ratificada como heredera universal del exdueño de Grupo Radio Centro, Carlos de Jesús Aguirre Gómez. La resolución desestimó, por segunda ocasión, los intentos de los hijos del primer matrimonio, Juan Carlos, Alejandra y Sofía Aguirre Corcuera, por impugnar la voluntad de su padre.
Sin embargo, la victoria legal de la viuda fue respondida con una maniobra penal apresurada, pues solo cuatro días después de la sentencia, el 31 de marzo, Rubio Zepeda fue detenida en Miami, Florida, por motivos migratorios pero fuentes acusan que existe una orden de aprehensión por secuestro agravado que un juez de control de la Ciudad de México emitió en diciembre de 2024.
La tesis de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que la viuda «privó de su libertad” al empresario durante nueve años para forzar la modificación de su testamento. No obstante, documentos financieros y registros fotográficos obtenidos por este medio revelan que el flujo de recursos y la convivencia social no se interrumpieron.
En septiembre de 2017, mientras el exdueño de Grupo Radio Centro se rehabilitaba de un derrame en la ciudad de Chicago, los registros de la tarjeta Centurion de Carlos de Jesús Aguirre Gómez muestran cargos realizados por sus hijos Juan Carlos y Alejandra Aguirre Corcuera.
Los estados de cuenta de American Express detallan transacciones en establecimientos como Nordstrom, Sephora y diversos restaurantes de Chicago vinculadas a las extensiones de los denunciantes. Estos movimientos financieros ocurrieron de forma simultánea al periodo en que la fiscalía sitúa el aislamiento del empresario.
A la par de estos registros financieros, existen evidencias fotográficas que documentan la convivencia entre el empresario y sus hijos en los centros Shirley Ryan Rehabilitation Lab y Cleveland Clinic durante 2017. Las imágenes muestran a Juan Carlos, Alejandra y Sofía Aguirre Corcuera en el entorno hospitalario, así como registros de actividades recreativas de los hijos en la ciudad de Chicago en las mismas fechas.
De igual forma una fotografía fechada en noviembre de 2018 registra una visita familiar donde el empresario aparece conviviendo con sus hijas y nietas. La carpeta incluye también la declaración ministerial de Sofía Aguirre Corcuera, quien manifestó haber visto a su padre «sano y bien de salud» el 12 de septiembre de 2020, un día antes de su fallecimiento, lo que contradice la hipótesis de una persona sometida o incapacitada.
Este testimonio, junto con las transferencias bancarias realizadas por Aguirre Gómez para cubrir gastos personales y médicos de sus hijos, forma parte de los elementos que la defensa presenta para contrastar la acusación de privación ilegal de la libertad.
Frente a las versiones periodísticas que mencionan un presunto homicidio, el acta de defunción de Carlos de Jesús Aguirre Gómez confirma que su fallecimiento se debió a causas naturales. El documento médico certifica que el deceso fue provocado por un infarto agudo al miocardio no traumático, derivado de un cáncer de pulmón y una cardiopatía valvular de siete años de evolución.
Cabe señalar que la denuncia penal por secuestro agravado fue presentada en diciembre de 2020, tres meses después del fallecimiento del empresario Carlos de Jesús Aguirre Gómez, y solo tras la apertura del proceso de sucesión. Esta temporalidad subraya que la acusación no fue impulsada durante los supuestos once años de aislamiento, sino hasta que se hizo pública la disposición testamentaria que designaba a Rosa María Rubio Zepeda como heredera universal.
La defensa señala que la temporalidad de las acciones legales, incluida la ejecución de la orden de aprehensión en Estados Unidos pocos días después de que los tribunales confirmaran la validez del testamento, coincide con la disputa patrimonial entre las partes. Según los abogados de Rosa María Rubio, el expediente penal se sustenta principalmente en testimonios de herederos con interés económico directo en el resultado del caso.
Al no existir peticiones de rescate, amenazas o privación física en lugares clandestinos, el uso de la vía federal es señalado como una estrategia de extorsión procesal operada mediante tráfico de influencias, que traslada a la esfera criminal una disputa familiar previamente resuelta por la ley.
