La diputada federal Gabriela Georgina Jiménez Godoy presentó en la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo para solicitar la revisión urgente de la actuación judicial en un caso de feminicidio. La legisladora pidió al Poder Judicial de la Federación, al Tribunal de Disciplina Judicial y a la Fiscalía analizar el proceso para garantizar acceso a la justicia con perspectiva de género.
El planteamiento surge tras la excarcelación de Mario Alberto “N”, imputado por el feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, ocurrido en 2019. El acusado había sido vinculado a proceso en 2023 y permanecía en prisión preventiva como medida cautelar dentro del proceso penal.
El 23 de marzo de 2026, la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, resolvió un juicio de amparo que ordenó el cese inmediato de la prisión preventiva. Esta decisión permitió la liberación del imputado.
Según el documento presentado en San Lázaro, existen posibles irregularidades en la actuación judicial. Entre ellas se señala un posible conflicto de interés, la omisión de notificar a las víctimas indirectas y la ausencia de una valoración adecuada sobre el riesgo de fuga y la seguridad de las víctimas.
También se advierte que la resolución fue emitida sin analizar el contexto de violencia ni los antecedentes entre la víctima y el imputado. El texto señala que no se consideraron factores de riesgo que deben evaluarse en casos de violencia feminicida conforme a estándares nacionales e internacionales.
El documento menciona además hechos de intimidación contra colectivas feministas y familiares de la víctima durante una manifestación frente a juzgados federales el 9 de abril de 2026, lo que agrava el contexto de vulnerabilidad para las víctimas indirectas.
Ante estos hechos, se exhorta al Tribunal de Disciplina Judicial a analizar la queja presentada contra la jueza y valorar su suspensión provisional. Asimismo, se solicita a la Fiscalía interponer los recursos legales necesarios para combatir la excarcelación y garantizar la protección integral de las víctimas indirectas.
