La acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa abrió uno de los frentes políticos y diplomáticos más delicados entre ambos países en los últimos años.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA señalaron que los acusados habrían colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa —particularmente con la facción de “Los Chapitos”— para facilitar el tráfico de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político, sobornos y protección institucional.
La acusación incluye cargos por:
* Conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos
* Delitos relacionados con armas y explosivos
* Protección institucional al Cártel de Sinaloa
* Presuntos intercambios de favores políticos y sobornos
De acuerdo con la investigación, Rocha Moya y otros altos funcionarios habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar operaciones del narcotráfico y blindar políticamente al grupo criminal. Si el caso avanza a juicio en Estados Unidos, algunos de los delitos contemplan penas mínimas obligatorias de 40 años y hasta cadena perpetua.
Entre los nombres incluidos en la acusación aparecen:
* Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno
* Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
* Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
* Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas
* Dámaso Castro Saavedra, fiscal adjunto estatal
* Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras, exjefes policiales
* José Antonio Dionisio Hipólito
* Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal
Este último también enfrenta señalamientos por presunto secuestro y homicidio de una fuente de la DEA y un familiar suyo.
La acusación golpea directamente a Morena en uno de sus bastiones políticos más sensibles: Sinaloa. Rubén Rocha gobierna la entidad desde 2021 y su administración ya enfrentaba fuertes cuestionamientos por la violencia derivada de disputas internas del Cártel de Sinaloa.
El caso también llega en medio de tensiones bilaterales por seguridad, presencia de agencias estadounidenses en México y presiones sobre la relación comercial rumbo a la revisión del T-MEC.
El fiscal federal Jay Clayton declaró que organizaciones como el Cártel de Sinaloa no podrían operar “sin políticos y funcionarios corruptos a sueldo”, mientras la DEA sostuvo que los acusados utilizaron cargos públicos para proteger operaciones criminales.
La acusación no solo representa un golpe judicial, sino una señal política directa de Washington hacia la clase gobernante mexicana.
Ahora, la pregunta ya no es solo judicial, sino institucional: ¿hasta dónde llegará el impacto de esta acusación en la relación México-Estados Unidos y en la estabilidad política de Morena?
