Estado Mexicano no acepta 14 recomendaciones del Exámen Periódico Universal

El día de hoy se llevó a cabo la sesión de adopción de recomendaciones dirigidas a México en el marco del Exámen Periódico Universal. El gobierno mexicano recibió 318 recomendaciónes internacionales relacionadas con Derechos Humanos. Aunque el Estado aceptó la mayoría, no aceptó 14, las cuales son fundamentales para abordar la crisis actual del país en materia de seguridad, justicia y movilidad humana.

 

El Estado mexicano compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en una sesión en la que respondió a las recomendaciones recibidas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo que examinó por cuarta ocasión la situación de los derechos humanos en el país y el nivel de cumplimiento de las obligaciones internacionales de México.

México recibió 318 recomendaciones por parte de 115 países, que se resumen en un balance de los avances en los últimos años, pero también en los grandes pendientes que tiene el país en materia de derechos humanos.

Entre las recomendaciones que el gobierno mexicano sí acepto, el Estado reconoció los desafíos del país en temas relacionados a la violencia contra mujeres y niñas, desapariciones forzadas, migración, igualdad de género, tortura y combate a la impunidad. Así mismo, consideró los défcit que hay en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los derechos de niñas, niños, adolescentes, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, periodistas, defensoras de derechos humanos, entre otros.

Sin embargo, la posición de México dejó de lado algunas de las cuestiones más apremiantes en el contexto actual. Las recomendaciones que el Estado no aceptó, abordan temas en materia de justicia, seguridad, migración y desplazamiento forzado interno.

Destacan las recomendaciones referentes a la eliminación de las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo; la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno; la modificación de la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permiten la detención administrativa de migrantes; la adopción de medidas para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad; y cuestiones relacionadas con la militarización de la seguridad pública

La postura del Estado mexicano al no aceptar estas recomendaciones contrasta con sus obligaciones internacionales en derechos humanos.

 

Contradicciones del Estado Mexicano.

En su respuesta al Examen Periódico Universal, México sostuvo afirmaciones que no se sostienen con la realidad nacional y con la documentación einvestigación de varias organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas la aseveración de que la Guardia Nacional se ha consolidado “siempre bajo el mando de una autoridad civil”, mientras que el Titular del Ejecutivo presentó recientemente una iniciativa de reforma para adscribir a esta institución a la Secretaría de la Defensa Nacional.

De la misma forma, pese a aseverar que “en México no se espía ni se vigila a nadie”, se han revelado evidencias contundentes sobre actos de vigilancia ilegal por autoridades de investigación y el Ejército incluso durante la actual administración, contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas.

Adicionalmente, el rechazo a las recomendaciones sobre arraigo y prisión preventiva oficiosa da cuenta de la posición que ha tenido la presente administración buscando ampliar esta última figura.

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