Un foro territorial sobre gentrificación en la colonia Juárez organizado por autoridades capitalinas, se convirtió la noche de ayer miércoles en un espacio para desgranar el Bando 1 de Clara Brugada y señalar sus deficiencias.
El doctor en Urbanismo y académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Víctor Delgadillo, así como el vecino de la colonia Juárez y activista Sergio González, pusieron los señalamientos más concretos sobre el Bando 1, ante otros vecinos, pero también frente a anfitriones de Airbnb que buscaron acaparar la palabra apenas y se soltó el micrófono.
MEDIDA REACTIVA
En la Glorieta del Metro Insurgentes, donde se montó una carpa para el desarrollo de este foro, el urbanista Víctor Delgadillo calificó al Bando 1 como una medida reactiva y paliativa que surgió ante un malestar ciudadano que terminó por estallar después de años de padecer los efectos de la gentrificación.
Además, acusó el doctor, el Bando no establece acciones inmediatas, pues la narrativa está plagada de planes a futuro, a lo cual se suman estrategias que se han quedado en el papel.
Recordó que el año pasado, con Martí Batres aún como jefe de gobierno, se aprobaron reformas de ley para fijar los topes de rentas a precios que no rebasen la inflación, así como la creación de un registro de anfitriones y plataformas de rentas temporales.
Víctor Delgadillo lamentó que esas reformas no se han aplicado, al acusar que el Bando 1 carece justo de definiciones sobre los cuándos y los cómos.
Agregó que de los 14 puntos integrados en el Bando, solo uno habla de la participación ciudadana, cuando ese concepto debería atravesar toda la estrategia, a fin de lograr un empoderamiento real de la ciudadanía respecto a temas como los cambios de uso de suelo.
Otro defecto, explicó, es que no se reconocen las causas ni a los actores causantes de la gentrificación.
HERRAMIENTAS INMOBILIARIAS
Víctor Delgadillo mencionó una serie de figuras y herramientas que han facilitado lo que denominó como tsunami inmobiliario y se refirió a los fideicomisos de inversión en bienes raíces, a los cuales se les otorgan facilidades fiscales para el pago del impuesto sobre la renta o el impuesto sobre adquisición de inmuebles.
Explicó que se construyen grandes y costosos edificios, pero no para atender las necesidades de la ciudad como la de vivienda, sino para que empresas y consorcios cuenten con activos financieros.
“Todo eso no lo reconoce el Bando. Hay que reconocer quienes son los productores de la gentrificación.
“Esta ciudad lleva 28 años gobernada por la izquierda y esa izquierda es la que ha creado la ley de desarrollo urbano y ha creado un montón de figuras como los polígonos de actuación, sistema de actuación por cooperación, sistemas de transferencia de potencial, que no respetan los usos de suelo”, acusó el académico.
Delgadillo expuso que deben revisarse cuidadosamente los incentivos fiscales que permiten el lucrativo negocio de los fideicomisos inmobiliarios, las llamadas Fibras.
El urbanista estimó que debería existir un pronunciamiento para crear una nueva Ley General de Ordenamiento Territorial, así como establecer una clara moratoria a los desalojos en la ciudad y que cada desalojo legal deba estar acompañado por la Comisión de Derechos Humanos.
Planteó que en inmuebles donde haya usos mixtos -habitacional y comercio-, se cobren más altas las rentas a los establecimientos mercantiles y ello permitan subsidiar las rentas habitacionales.
RESARCIR EL DAÑO
Para el vecino de la colonia Juárez y activista Sergio González, uno de los defectos del Bando de Clara Brugada es que no habla de resarcir los daños generados por la gentrificación y de imponerle a las inmobiliarias ese resarcimiento.
Acusó que tan solo una inmobiliaria de nombre Reurbano, ya desplazó a más de 600 vecinos de las colonias Juárez, la Roma, centro histórico, la Condesa, la Hipódromo, la Escandón y Tacubaya. Dio direcciones exactas donde ha ocurrido ese desplazamiento.
Calificó a anfitriones de Airbnb como mercenarios y a algunos de ellos como monopolistas, citando en concreto al anfitrión Virtual Homes que administra más de 150 inmuebles en esa plataforma de renta temporal.
Otro caso es de unos hermanos de apellido Cetina, con su proyecto de anfitriones llamado Mister W, también con más de 200 inmuebles.
González lamentó que los anfitriones, cuando piden la palabra, solo se hacen las víctimas, pero no hablan de resarcir los daños que han causado.
Otro defecto de Bando, enfatizó, es que no habla nada sobre el rescate de las plusvalías, en referencia a las medidas de mitigación, pues expuso que 30 por ciento de las ganancias generadas por un proyecto inmobiliario o de Airbnb deberían aplicarse para obras en la zona.
Acusó que tres mil habitantes de la colonia Juárez y un 70 por ciento de su comercio local ya fueron expulsado de esa comunidad, sin que en el Bando se mencione nada de lograr el retorno de esos negocios.
También lamentó que el Bando es omiso sobre lo que llamó “zonas de distensión”, en referencia a áreas de la ciudad que ya están bajo presión inmobiliaria, como las inmediaciones del Estadio Azteca o Calzada de Tlalpan.
“Por cuatro partiditos del Mundial de Futbol y para satisfacer a Airbnb, los habitantes de esas zonas van a terminar siendo desplazados y desarraigados de su territorio”, advirtió.
Dijo que los beneficiarios de los proyectos de vivienda incluyente deben ser aquellos vecinos expulsados y no los grupos clientelares o las mafias de vivienda como el Movimiento Urbano Popular.
Criticó que el gobierno de Brugada construya su estrategia de planeación urbana con lo que le dicen despachos afines a Morena como la firma Alquimia Urbana.
