Una red de empresas que durante años simuló competencia para obtener contratos públicos en servicios de laboratorio y bancos de sangre sigue activa y recibiendo recursos del erario.
Así lo documentó Reporte Índigo en una investigación publicada el 30 de abril, en la que señala que dos compañías involucradas en esa trama —Instrumentos y Equipos Falcón S.A. de C.V. y Arquina S.A. de C.V.— han obtenido este año contratos por más de 839 millones de pesos a través de licitaciones públicas con instituciones federales y estatales.
La investigación periodística se basa en documentos oficiales y registros de la plataforma Compras MX (antes CompraNet), así como en el expediente DE-011-2016, elaborado por la extinta Comisión Federal de Competencia (Cofece), que entre 2016 y 2020 investigó las prácticas de al menos 11 empresas que, entre 2008 y 2015, participaron en un esquema de colusión. Según ese expediente, las compañías acordaban repartirse las licitaciones, simular competencia y permitir que una de ellas ganara cada proceso, mientras las demás presentaban ofertas no viables.
El mecanismo fue aplicado en al menos siete licitaciones documentadas por la autoridad, y sus efectos incluyeron sobreprecios de hasta 58 por ciento, afectaciones económicas por más de mil 200 millones de pesos y una concentración de contratos que abarcó buena parte de los servicios de análisis clínicos, transfusiones, bancos de sangre y pruebas automatizadas en el sector salud.
A pesar de haber sido sancionada en 2022 con una inhabilitación por la entonces Secretaría de la Función Pública (hoy Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno), Instrumentos y Equipos Falcón ha obtenido en lo que va de 2025 un total de 25 contratos por 837 millones 55 mil 574 pesos. Cuatro de ellos superan los 100 millones y el más alto —por 181 millones 666 mil 364 pesos— corresponde a un servicio integral de laboratorio clínico para unidades médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Los contratos cubren una amplia gama de servicios que incluyen pruebas de histocompatibilidad, arrendamiento de equipos automatizados, reactivos, consumibles y refacciones para diversas instituciones del sector salud, y algunos tienen vigencia hasta diciembre de 2025.
Arquina S.A. de C.V., también implicada en el caso de colusión, figura este año con un contrato por 2 millones 354 mil 214 pesos, otorgado para brindar servicios de hemodiálisis entre enero y marzo. Aunque su participación reciente es menor, su historial no es menos relevante. Arquina forma parte del mismo grupo empresarial que Disequi S.A. de C.V., compañía señalada en 2022 en el estado de Veracruz por conservar muestras de sangre en refrigeradores de carnicería, según recuerda *Reporte Índigo*.
Ambas empresas fueron proveedoras del Gobierno de Hidalgo durante la gestión de Omar Fayad Meneses (2016–2022) y, de acuerdo con fuentes consultadas por *Reporte Índigo*, continúan activas como proveedoras en la administración actual de Julio Menchaca Salazar. Además, compiten juntas en una licitación para proveer servicios a un hospital público en la Zona Metropolitana del Valle de México.
El modelo de colusión detectado por la Cofece se basaba en la distribución geográfica de los contratos, en función de la capacidad instalada de cada empresa en ciertas regiones. Según el expediente, los proveedores acordaban quién sería el ganador en cada licitación, definiendo un precio base, mientras el resto participaba solo para cumplir con el número de postores requerido.
La investigación, iniciada en 2016 tras una denuncia presentada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), culminó en 2020 con la presentación de pruebas que demostraban una práctica monopólica absoluta: intercambio de correos electrónicos, llamadas y coordinación entre empresas para simular competencia en los concursos públicos.
Aunque la Cofece ya no existe como órgano autónomo, sus hallazgos siguen siendo relevantes para entender cómo operó esta red en el sistema público de salud, y cómo, pese a las sanciones, algunas de las empresas señaladas han regresado a competir por contratos financiados con recursos públicos.
