En nuestras sociedades se presenta un problema inquietante sobre la elasticidad de la obediencia política: un acto mediante el cual los ciudadanos aceptan y cumplen normas, decisiones y mandatos emitidos por una autoridad política considerada legitima.
La obediencia históricamente ha sido el fundamento central de toda organización estatal, porque ningún sistema político puede sostenerse únicamente mediante la fuerza.
Ella no es simplemente miedo al castigo, sino que implica reconocer que una autoridad tiene derecho a mandar.
Los ciudadanos aceptan obedecer decisiones con las que no están de acuerdo porque le otorgan legitimidad al procedimiento democrático.
Sin legitimidad, la obediencia se transforma en mera dominación.
Aumenta, sin embargo, la idea de que obedecer ciegamente puede convertirse en complicidad con las injusticias.
La obediencia política, puede transformarse en obediencia autoritaria, adoptando cuatro estilos: la sumisión, que es la forma más cruda de obediencia porque no hay alternativa y las correlaciones de fuerza aplastarían cualquier posibilidad de resistencia; la subordinación, que implica aceptar una jerarquía como legítima donde el peligro son “los monstruos de la obediencia” que ejecutan ordenes sin cuestionarlas; el conformismo, la principal causa de la servidumbre voluntaria donde cada uno alinea su comportamiento con el de los demás a causa de una inercia pasiva; y, finalmente, el consentimiento, concebido como obediencia libre y coacción plenamente aceptada donde creemos elegir libremente lo que en realidad nos ha sido impuesto.
Algunos estudiosos afirman que el problema no es la desobediencia, sino la obediencia: “El mundo va tan mal que desobedecer debería ser una urgencia compartida, entonces: ¿porqué obedecemos? y ¿de dónde viene nuestra docilidad?”.
En este escenario, desobedecer es obedecerse así mismo.
Desobediencia civil clásica
La desobediencia civil tradicionalmente ha sido representada por la violación deliberada, pública y no violenta de una ley o política con el propósito de protestar contra una injusticia para provocar un cambio político o social.
No es simplemente desobedecer la ley por conveniencia personal, sino hacerlo exaltando algún principio y asumiendo las consecuencias.
Los orígenes intelectuales de la desobediencia civil encuentran sus raíces en tragedias griegas como Antígona de Sófocles, en los discursos de Sócrates, en los apóstoles de la Biblia con Lucas el Evangelista, en la Edad Media con Tomás de Aquino, en la Reforma Protestante con Martin Lutero, y en la modernidad temprana con la Revolución Inglesa, la Independencia Estadounidense y la Revolución Francesa, con pensadores que teorizaron el derecho a la resistencia como John Locke.
No obstante, la desobediencia civil adquiere plena formulación con Henry David Thoreau, quien aseguró que es admisible no respetar las leyes cuando van contra la conciencia y los derechos humanos.
Afirmaba que la ley no hace a la persona justa; por el contrario, la hace injusta cuando los bienintencionados, a causa del respeto por ella, se convierten en agentes de injusticia.
Propone un modelo de lucha que es precursor de los modernos instrumentos de contestación civil como la objeción fiscal, es decir, el rechazo a pagar impuestos para una causa que no se comparte.
Critica a quienes obedecen la ley sólo por conveniencia o costumbre. Sostiene que, en la mayoría de los casos, no existe en la masa social un libre ejercicio del juicio ni del sentido moral.
El concepto fue sometido a la práctica por Mahatma Gandhi con la noción de “satyagraha”, que significa resistencia mediante la verdad. Fue el dirigente más destacado del movimiento independentista de la India contra el régimen colonial británico, instaurando métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre.
Su pensamiento transformó la resistencia política en una práctica ética, espiritual y colectiva basada en la no violencia activa. Postuló la tesis fundamental de que la injusticia no debe obedecerse, porque una ley injusta no tiene autoridad moral y la obediencia ciega al poder es incompatible con la verdad y la dignidad humana.
Otro precedente lo representa el activista por los derechos civiles Martin Luther King, quien mediante la desobediencia civil no violenta luchó contra la segregación racial y la desigualdad y consiguió —a costa de su propia vida— la creación de legislaciones sobre derechos civiles e igualdad racial. No sólo apelaba a la moral cristiana, sino que utilizaba conscientemente la tensión social y la interrupción del orden para obligar al poder político a negociar. La desobediencia civil no fue simplemente persuasión moral pacífica; también implicaba conflicto, presión y dramatización pública de la injusticia.
Desobediencia civil liberal
La tradición liberal de la desobediencia civil está representada por el filósofo John Rawls y el jurista Ronald Dworkin.
Para el primero, la desobediencia representa un acto público, no violento, consciente, político, contrario a la ley y orientado al sentido de justicia de la mayoría.
Para el segundo, la desobediencia civil surge cuando existe un conflicto profundo entre la conciencia moral del ciudadano y una decisión estatal considerada injusta o ilegítima.
Para Rawls la desobediencia civil ocupa un lugar específico dentro de la sociedad democrática, a partir de la pregunta: ¿cómo puede justificarse la violación consciente de la ley dentro de un régimen democrático legítimo? Afirma que la desobediencia civil puede ser moralmente legítima no a pesar de la democracia, sino precisamente para defender sus principios fundamentales cuando las instituciones fallan. Quien desobedece se muestra públicamente asumiendo su responsabilidad política.
La desobediencia civil no pretende destruir el orden constitucional y por ello privilegia bloqueos pacíficos, ocupaciones simbólicas y la negativa pública a obedecer.
La desobediencia civil implica una intención moral deliberada. No es impulso emocional, vandalismo espontáneo o simple ilegalidad.
El ciudadano actúa directamente porque considera que existe una injusticia grave y que las vías institucionales han fracasado; siente que el deber moral prevalece sobre la obediencia legal. Apela a los principios constitucionales, las ideas de justicia y los valores democráticos comunes: igualdad, libertad civil y derechos fundamentales.
Presupone una sociedad “casi justa”. Es decir, una democracia constitucional relativamente legítima, instituciones básicamente funcionales y el reconocimiento general de derechos.
Consecuentemente, la desobediencia civil aparece cuando ocurren injusticias graves, las minorías son ignoradas o las instituciones no corrigen el problema. En su análisis se encuentran ausentes los fenómenos dictatoriales, el colonialismo extremo, los regímenes fascistas y los estados completamente opresivos.
La desobediencia civil solamente debe utilizarse después de intentar las vías institucionales como el litigio, el debate parlamentario, la participación electoral y las peticiones públicas. El desobediente viola una norma concreta, pero mantiene respeto general por el orden constitucional.
Por su parte, Ronald Dworkin rechaza la idea positivista de que toda ley debe obedecerse simplemente porque fue aprobada legalmente.
En una democracia constitucional, los ciudadanos conservan el derecho y el deber de cuestionar leyes injustas. La legitimidad política no depende sólo de la legalidad formal, sino del respeto a principios morales y constitucionales.
Por eso, cuando el Estado viola derechos fundamentales, la desobediencia civil puede convertirse en una forma legítima de acción política. La desobediencia obliga a revisar leyes injustas, exclusiones estructurales, abusos de poder y discriminaciones normalizadas.
Sostiene, asimismo, que obedecer ciegamente contradice el ideal democrático. La ciudadanía en una democracia exige interpretar la justicia, cuestionar al poder y resistir decisiones arbitrarias. Agrega que el derecho contiene principios morales además de reglas. Esto significa que la constitución no debe interpretarse mecánicamente, que la justicia y la moral forman parte del derecho y que los ciudadanos participan en esa interpretación.
Considera que el consenso absoluto es imposible, que el desacuerdo es constitutivo de la democracia y que los ciudadanos tienen el derecho de actuar públicamente según sus convicciones profundas.
El jurista no defiende cualquier forma de resistencia. Su posición es que la desobediencia civil no es simple ilegalidad o anarquía, no destruye la democracia y puede ser una expresión legítima de la ciudadanía crítica. Su teoría busca equilibrar el respeto al Estado de derecho con los derechos individuales, la conciencia moral y el pluralismo democrático. Sostiene que en una democracia constitucional la mayoría no posee una autoridad moral ilimitada, que los derechos fundamentales funcionan como límites al poder y que la ciudadanía conserva un juicio moral autónomo.
Crítica a la concepción liberal de la desobediencia civil
La investigación reciente sobre desobediencia civil ha dado un giro.
Los teóricos ya no la abordan como algo presumiblemente incorrecto y en tensión con la obligación política.
Ahora no sólo se critica el modelo liberal de desobediencia civil como indebidamente estrecho y restrictivo, sino que se critica la ideología que la sustenta, descubriendo las formas en que distorsiona la realidad de su práctica, disuade la resistencia y termina apuntalando el statu quo.
Resulta necesario desplazar el foco del sujeto al movimiento social.
El modelo liberal despolitizó la desobediencia civil convirtiéndola en un problema de conciencia moral individual y de respeto a la legalidad, cuando en realidad es una práctica colectiva de democratización. Los enfoques liberales dominantes ya no logran capturar las características específicas de la desobediencia como práctica genuinamente política y democrática de contestación que no puede reducirse a una comprensión ética de conciencia individual ni a una comprensión legal de fidelidad al Estado de derecho.
El liberalismo presupone la existencia de democracias relativamente justas, privilegia formas moderadas de protesta, excluye tácticas disruptivas y mantiene excesiva confianza en las instituciones. El modelo liberal conduce a una comprensión restringida y saneada de la desobediencia civil. El problema es que el modelo distorsiona la naturaleza misma de la práctica desobediente al individualizarla y moralizarla mediante su asimilación a la objeción de conciencia. Esto es erróneo porque la objeción de conciencia representa una desobediencia privada y silenciosa que se presenta cuando el individuo se niega a cumplir una ley o mandato porque viola sus convicciones morales, con lo que busca únicamente mantener su conciencia limpia.
La objeción de conciencia se ve modesta y respetable, mientras que la desobediencia civil aparece como estratégica, disruptiva y moralmente problemática.
El declive de la tradición liberal de la desobediencia civil ha domesticado incluso a Thoreau, convirtiéndolo en un pensador moderado y moralista, cuando en realidad su pensamiento contiene una crítica radical al Estado y al conformismo social. La teoría clásica de la desobediencia civil ya no basta para comprender las nuevas formas de la resistencia política en las sociedades contemporáneas.
Desobediencia civil colectiva
Sobre el sendero intelectual abierto por Hannah Arendt se ha desarrollado una interpretación de la desobediencia civil no como un simple conflicto individual de conciencia, sino como un fenómeno colectivo ligado a la esencia misma de la acción democrática.
Esta perspectiva rechaza la idea de que la desobediencia civil sea sólo objeción moral individual, conflicto íntimo de conciencia o decisión personal de tipo religioso. La desobediencia civil es, sobre todo, acción política colectiva. Surge entre ciudadanos, se organiza públicamente, busca transformar el espacio político, al tiempo que expresa desacuerdo con decisiones estatales.
La desobediencia ocupa un lugar central en la política contemporánea debido al desgaste de los mecanismos institucionales tradicionales de representación y participación. Las democracias liberales ya no responden adecuadamente a las demandas de justicia, igualdad y reconocimiento. En consecuencia, la acción colectiva disruptiva reaparece como instrumento legítimo de intervención política. La idea de la desobediencia civil se presenta nuevamente con fuerza en el siglo XXI a raíz de la crisis de legitimidad de las democracias liberales, del aumento de las desigualdades sociales, de la desconfianza hacia partidos y parlamentos, así como de la emergencia de movimientos sociales horizontales y digitales.
El sujeto de la desobediencia civil no es el individuo de conciencia integra, ni el agente moral que cumple un deber. Es el movimiento social que actúa colectivamente parademocratizar la democracia desde abajo. La desobediencia civil se convierte en un deber colectivo, ampliando las formas de resistencia admisibles mucho más allá de la no violencia pacífica pregonada por los teóricos clásicos de la desobediencia.
Se afirma que existe un deber moral de resistir la injusticia que no se limita a formas civiles y públicas de protesta, sino que actos clandestinos, violentos o evasivos pueden estar justificados e incluso ser necesarios cuando el sistema político no trata a todos como iguales.
Internet ha transformado las prácticas de la desobediencia al modificar las categorías tradicionales de publicidad, responsabilidad y acción colectiva.
La filtración de información sobre actividades que se consideran ilícitas dentro de una organización pública o privada también es una forma de desobediencia civil. La divulgación de secretos estatales puede justificarse democráticamente cuando revela abusos sistemáticos del poder. La desobediencia civil digital es la adaptación de las prácticas de resistencia y protesta política al espacio tecnológico y de las redes digitales.
La desobediencia civil colectiva implica disputa por la legitimidad, la justicia y la representación democrática. Por ello, resulta necesario comprender las transformaciones contemporáneas de la protesta política que redefinen el viejo concepto de la obligación política y que ahora pasan de ser exclusivamente un deber de obediencia a expandirse radicalmente para significar un deber de resistir leyes y condiciones sociales injustas en estados legítimos. Este desplazamiento del criterio formal al criterio sustantivo es lo que permite la defensa de formas no convencionales de desobediencia civil.
Los fundamentos de la resistencia colectiva son los siguientes: el deber de justicia, que surge cuando las instituciones perpetúan injusticias sistemáticas y los ciudadanos adoptan el deber de resistirlas activamente; elprincipio de equidad, que obliga a quienes se benefician de vivir en una sociedad con derechos y libertades conquistadas por generaciones anteriores a mantenerlas y expandirlas cuando están amenazadas; el deber samaritano, que es la obligación ética de ayudar a quienes están en peligro o cuando el grupo es sistemáticamente oprimido dado que la inacción es complicidad pasiva con el daño; y la asociación política, porque pertenecer a una comunidad genera obligaciones recíprocas sobre todo cuando el Estado viola la dignidad humana de sus miembros tratándolos como no-iguales.
Así, la idea de la desobediencia civil constituye una corrección democrática frente a instituciones incapaces de escuchar demandas sociales urgentes.
