Familiares y víctimas de violencia feminicida acusaron al Poder Judicial capitalino de obstruir la justicia y negar ese derecho a quienes enfrentaron dicho delito, pues los jueces recurren a prácticas dilatorias, opacidad en las audiencias, ausencia de perspectiva de género y en algunos casos hasta colusión con abogados defensores de los feminicidas.
Esta mañana, frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJCDMX), familiares de víctimas, sobrevivientes de violencia feminicida y organizaciones de la sociedad civil ofrecieron una conferencia de prensa para exponer sus casos y exhibir la indolencia de los impartidores de justicia.
EL SISTEMA
Anayeli Pérez Garrido, directora de la organización Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), lamentó que el sistema de justicia de la Ciudad no está respondiendo a procesos expeditos, pues se han trasladado prácticas de un sistema obsoleto que es el inquisitivo mixto al penal acusatorio y el claro ejemplo son los casos a presentar durante la conferencia.
Consideró que esa obstrucción de la justicia es consecuencia de problemas estructurales y que genera una violencia institucional por parte del TSJCDMX.
“Esto no necesariamente significa que haya un responsable y por eso acudimos a esta medida (la conferencia) porque nos atan de manos, pues dentro de las prácticas que alargan los procesos están las actuaciones de abogados defensores y sobre todo particulares que bajo cualquier excusa promueven y utilizan el sistema de justicia para promover cualquier ocurrencia y se aprovechan de las fallas del sistema de justicia”, explicó Anayeli Pérez.
Los tres casos de víctimas que se presentaron durante la conferencia tienen un común denominador: ocurrieron hace más de cuatro años y en ninguno de ellos se cuenta con una sentencia condenatoria pese a que en todos se logró la detención de los agresores casi de manera inmediata.
EL CASO DE YERITZA
Yeritza Bautista Cortés explicó que ella es víctima de tentativa de feminicidio, ocurrida en marzo de 2020, cuando su ex pareja intentó privarla de la vida.
Su agresor fue vinculado a proceso al ser detenido en flagrancia, pero en 2021 él interpuso un recurso de amparo al alegar irregularidades en el proceso a pesar de que el caso estaba ya en etapa intermedia y así se repuso de nuevo el juicio.
En septiembre de 2022 el imputado fue sentenciado a 11 años ocho meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, pero en marzo de 2024 le fue otorgado un amparo al presunto agresor que revocaba la sentencia y ordenaba la reposición de todo el juicio oral.
Esto bajo el argumento de violación al principio de continuidad, porque supuestamente se excedieron los 10 días establecidos como plazo máximo para la continuación de las audiencias de juicio.
Así, Yeritza se verá obligada a iniciar y ya por tercera vez el juicio penal contra su presunto feminicida “dejando de lado el derecho primordial de las víctimas a la no revictimización”, acusó ella.
EL CASO DE FÁTIMA
Sonia López tomó la palabra para exponer el caso de su sobrina Fátima Cecilia, una pequeña de siete años de edad, quien fue extraída de la primaria “Enrique Rébsamen” en Tulyehualco de la alcaldía Xochimilco el 11 de febrero de 2020.
A pesar del reporte de desaparición, las autoridades no quisieron iniciar la denuncia y la búsqueda inmediata, argumentado que debían pasar 72 horas, por lo cual la familia comenzó la búsqueda y obtuvo videos en los que se observa que a la niña se la llevó una mujer.
Sonia acusó que la menor estuvo secuestrada durante cuatro días en los que vivió tortura y violencia sexual por parte de sus captores Mario “N” y Giovanna “N”, antes de que la privaran de la vida.
“Han pasado cuatro años y no hemos logrado obtener justicia y se debe a que las defensas recurren a estrategias para dilatar los procesos y hacer que nos cansemos y que la sociedad olvide lo que está pasando y crean que se hizo justicia”, fustigó.
Recordó que los abogados de los imputados promovieron diversos amparos y así lograron que se fijara fecha del juicio hasta marzo de 2024, lo cual se suma a que la jueza del caso alegó un problema de salud y ya no pudo llevar el juicio.
Por ello el TSJCDMX ordenó reponer todo el proceso.
“Eso es una forma de hacernos revivir el infierno y por supuesto que llega en un momento donde casi nos rendimos y decir ´no quiero más, porque ya no lo soporto y no quiero verle la cara a esos tipos una vez más´”, lamentó Sonia López.
EL CASO DE ZAIRA MAYTÉ
María Eugenia es mamá de Zaira Mayté, una joven de 21 años quien el 14 de julio de 2019 acudió a una fiesta en San Juan de Aragón y de ahí fue con otros amigos a la casa de Alfredo David “N”, quien luego de privarla de la vida la escondió debajo de la cama y después llevó el cuerpo al patio de la vivienda en donde le prendió fuego.
Al no poder ocultar el crimen le dio aviso a sus padres, quienes hasta la mañana del 15 de julio dieron aviso a las autoridades.
La audiencia intermedia fue programada para el 19 de marzo de 2020, pero debido a la contingencia por Covid fue suspendida y reprogramada, pero la defensa del presunto agresor promovió recursos para diferirla.
A más de tres años de haberse programado el inicio del juicio, este se llevó a cabo el pasado 14 de noviembre, pero la continuación del juicio se vio suspendida por una nueva incidencia promovida por la defensa del imputado.
Con la voz entrecortada María Eugenia lamentó que han pasado tres años sin justicia para su hija, por trabas como el cambio de juez.
“Da mucho trabajo hablar de esto y cuesta mucho, porque el defensor ha presentado muchos amparos y eso me da rabia, me da impotencia porque los jueces lo han permitido y me han hecho sentir como si la delincuente fuera yo”, narró María Eugenia.
EL CASO DE JAEL MONSERRAT
Aunque no estuvo presente, las conferencistas hicieron referencia a Jaqueline Palmeros, madre buscadora de Jael Monserrat Uribe Palmeros quien desapareció el 24 de julio de 2020.
Acusaron que en este caso la jueza Belem Bolaños emitió una sentencia de libertad para los imputados y eso provocó que se violentara el proceso y se revictimizara tanto a Jaqueline como a Monserrat.
“Jaqueline nos hace saber que debido a la falta de empatía y acción (de las autoridades), ella sigue buscando a su hija el día de hoy en una jornada de búsqueda en el Ajusco”, expuso Sonia López al referir que este es un ejemplo más de la indolencia con la que actúa el sistema y se deja en libertad a personas que podrían seguir haciendo daño.
VIOLENCIA ESTRUCTURAL
Ante todo lo expuesto, las conferencistas enfatizaron que los principios del sistema penal acusatorio como la celeridad, concentración, publicidad y juzgamiento con perspectiva de género son constantemente violados en los casos de feminicidio y tentativa de feminicidio.
Lamentaron que se recurre a dilación injustificada por estrategias de las defensas que son permitidas por el poder judicial y a veces hasta con orientación de los jueces, para extender los procesos durante años.
También hay falta de continuidad, por reposiciones innecesarias de procesos que generan revictimización y prolonga el sufrimiento de las familias, además de abrir la puerta a la impunidad.
A ello se suma la opacidad en las audiencias, pues desde la pandemia el principio de publicidad ha sido socavado, impidiendo el escrutinio público y sin transparencia en los procesos.
Además, hay ausencia de perspectiva de género, pues en las resoluciones judiciales se ignoran las dinámicas de poder y violencia estructural que subyacen a la violencia feminicida.
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