El patogate. A la memoria de Miguel Ángel Granados Chapa
Algunos de los mexicanos que votamos por Andrés Manuel López Obrador en 2018 esperábamos que fuera el principio del fin de la impunidad.
La impunidad tiene una larga historia. En un artículo académico todavía inédito, los investigadores Benjamin Smith y Tom Long lanzan una hipótesis útil para esta columna.
Quienes ganaron la Revolución mexicana “carecían de los recursos para garantizar la seguridad y el orden” pero contaban con la “impunidad, un bien valiosísimo” que empezaron a otorgar a gobernantes corruptos y a delincuentes.
El fenómeno, que no ha parado, provocó la aparición y coexistencia de dos Estados, uno “lícito”, el otro “ilegal”.
A la sombra de este último floreció la corrupción ejemplificada en los sexenios de Plutarco Elías Calles, Miguel Alemán, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.
Después de algunos de ellos venían los esfuerzos por reducir los excesos y castigar a unos cuantos.
La irritación con la corrupción sistémica explica la victoria de López Obrador y la intensidad de las reacciones al desplante de Emilio Lozoya que aun siendo criminal confeso se da el lujo de cumplirse el antojo de un pato laqueado en un restaurante chino de categoría.
El patogate embonó con los sexenios más corruptos del último siglo que culminan, por supuesto, en el peñanietismo del sexenio pasado.
Su desparpajo puso a Lozoya a la altura del líder petrolero Carlos Romero Deschamps y sus relojes; de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo y sus atuendos; o de Raúl Salinas de Gortari y sus ranchos.
El ´patogate´
Todos ellos enfrentaron el esfuerzo moralizador del gobernante en turno para, después de un tiempo, disfrutar de sus riquezas en libertad y sin arrepentimientos, convencidos de merecer la abundancia.
La única consecuencia fue su ingreso a la orden de “los prófugos de la opinión pública”, como los llamó Carlos Monsiváis.
La esperanza de que la 4T atacaría sin concesiones la impunidad empezó a desvanecerse cuando apareció el corrosivo doble rasero.
Algunos de los cercanos a la 4T recibieron trato de privilegio.
Los casos más significativos han sido la exoneración chapucera que hizo la secretaria de la Función Pública de la fortuna de Manuel Bartlett y la indiferencia frente a los dos hermanos del Presidente atrapados con las manos en las bolsas repletas de efectivo.
Prepararon el terreno para la llegada del caso Lozoya cuyos detalles me parece innecesario repetir.
En esencia, hasta el día de hoy es la victoria de una impunidad otorgada por un fiscal autónomo en el papel, y en la realidad dispuesto a atender las “sugerencias” presidenciales.
Cuando el patogate seguía resonando en medios y redes, apareció la toma de posesión como gobernadora de Guerrero de Evelyn Salgado.
Fue decepcionante el trato de privilegio concedido por la cúpula de Morena al polémico padre, Félix Salgado Macedonio.
Las deferencias que le hicieron muestran la profundidad del impulso a proteger a los arropados por el afecto presidencial.
Dejan la impresión de que vuelve a imperar la impunidad, que lo importante es la lealtad al movimiento y a su líder.
Impunidad en el patogate
Es indudable que al interior de la autollamada cuarta transformación hay una corriente deseosa de una limpieza a fondo porque entienden lo que está en juego.
Ante la virulencia de las críticas a Lozoya, al Presidente y al Fiscal, este último parece estar reaccionando después de que el Presidente expresara su rechazo al patogate.
El 3 de noviembre Lozoya deberá demostrar que está justificada su categoría de testigo protegido y, según versión difundida por Milenio, la FGR acusará de delincuencia organizada a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Ricardo Anaya.
Para que la transformación avance, debe atacarse a fondo la impunidad que ha creado un Estado dual.
El caso Lozoya seguirá siendo el barómetro de la seriedad del compromiso de la 4T con el combate a la corrupción.
Ignoro el desenlace, pero tengo claro que la ciudadanía consciente y la sociedad organizada seguirán inconformándose por la impunidad.
Es revelador que quien exhibiera a Lozoya fuera la periodista Lourdes Mendoza decidida a defender sus derechos.
Colaboraron Anuar Israel Ortega Galindo y Sergio Huesca Villeda
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