Vecinos de la colonia Roma Norte volvieron a salir a las calles para protestar contra la corrupción inmobiliaria.
Este es el segundo viernes consecutivo que realizan bloqueos de vialidades, en donde denuncian la gentrificación que generan las construcciones.
Dijeron que por la especulación inmobiliaria el metro cuadrado de suelo en la colonia Roma fluctúa entre los 70 mil y 80 mil pesos.
Eso hace imposible el pago de servicios e impuestos para los actuales residentes, acusaron.
A ella se suma el deterioro en la calidad de vida y de los mismos servicios por la proliferación de bares, antros, terrazas y nuevos departamentos de más de seis niveles.
Este viernes bloquearon parcialmente la avenida Cuauhtémoc a la altura de la calle de Coahuila.
Ahí acusaron que las reuniones sostenidas con autoridades de la PAOT, la Seduvi y Sedema son justas estériles en las que no se resuelve nada.
Ana Aparicio, en representación de sus vecinos, dio lectura a un pronunciamiento en el que acusó que el cártel inmobiliario ha provocado la precarización de la vivienda en La Roma.
Recordó el alto impacto que tienen los sismos en la zona y aún así se autorizan inmuebles de niveles considerables.
También dijo que los nuevos edificios de departamentos no se llegan a ocupar por completo, pues sólo están habitados a un 50 por ciento.
De esta manera, denunció, no se crea vivienda social, lo que contradice el discurso de las autoridades capitalinas.
En voz de Ana Aparicio los vecinos pidieron un diálogo público con el gobierno de Claudia Sheinbaum, con diputados locales y con la Conagua.
Pidieron que se frenen las autorizaciones de obras en tanto no se autorice un nuevo Plan General de Desarrollo de la CDMX, un Programa General se Ordenamiento Territorial y un Plan de Desarrollo de la alcaldía Cuauhtémoc.
Dijeron que en toda obra debe tomarse en cuenta el Atlas de Riesgo de la colonia Roma y se respeten las consultas públicas para grandes construcciones.
Al Congreso le pidieron que se legisle para suspender hasta por 20 años las construcciones donde se hayan otorgado permisos de manera ilegal.
Además de que se finquen las responsabilidades administrativas y penales a funcionarios, particulares y directores responsables de obra que hubieran otorgado un permiso ilegalmente.
Como sucede con grupos vecinales de otras zonas de la Ciudad afectados por inmobiliarios, también pidieron la destitución de Lilian Guigue Pérez.
Acusaron que la directora de Regularización Ambiental de la Sedema opera como facilitadora y gestora de proyectos inmobiliarios en detrimento de los vecinos.
Los habitantes de la Roma también pidieron la suspensión de construcciones de pozos de agua, pues favorecen únicamente a proyectos privados.
Imprimir artículo
