Dictan prisión preventiva para Mónica Rangel. El 14 de abril, un juez de control de la Fiscalía General del Estado (FGE) en San Luis Potosí (SLP), vinculó a proceso y dicto prisión preventiva para Mónica Liliana Rangel Martínez, excandidata de Morena al gobierno de la entidad y ex titular de los Servicios de Salud en el Estado (SSE). Desempeñó ese cargo durante la administración del priista Juan Manuel Carreras López.
Lo mismo sucedió con dos personas más. Se les detuvo recientemente por los delitos de uso abusivo de la función pública, asociación delictuosa en su modalidad de pandillerismo y fraude específico.
“Mónica “N”, Patricia “N” y Juan Francisco “N” están presumiblemente relacionados en los delitos que se les imputan.”, asegura el comunicado.
A Rangel Martínez se le detuvo el 12 de abril en el Estado de México, tras una intervención quirúrgica. Se le trasladó en una ambulancia a San Luis Potosí. Arribó aproximadamente a la 19:30 horas al Edificio de Seguridad, donde se le realizaron los exámenes médicos de reconocimiento.
Dictan prisión preventiva para Mónica Rangel
Posteriormente, la exfuncionaria ingresó al Centro de Reinserción Social de La Pila alrededor de las 2:30 de la mañana del 13 de abril.
Patricia “N” fue subdirectora administrativa de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, fue aprehendida en la Avenida Juárez de la ciudad de San Luis Potosí.
Juan Francisco “N”, exjefe del departamento de control de enfermedades transmitidas por vector de la misma dependencia y Jorge Fernando “N”, apoderado legal de la empresa con la que se realizó el contrato, fueron capturados en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
“El daño al erario público asciende a los 22 millones de pesos, tras la compra-venta de supuestos plaguicidas que nunca se entregaron”, agregó.
El fiscal de la entidad, José Luis Ruiz Contreras, detalló que de ser ciertos los delitos de la exsecretaria podría pasar hasta 27 años de prisión.
El cuarto detenido, Jorge Fernando “N”, permanece interno, pero sin vinculación a proceso.
Por su parte, el juez fijó tres meses a la FGE para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.
