El programa estatal “Bosques Ciudadanos”, operado por la asociación Reforestación Extrema y avalado por el exsecretario de Medio Ambiente Félix Arratia, ha sido severamente cuestionado por la falta de transparencia en el manejo de más de 270 millones de pesos, según reveló el diario Reforma.
Dicho programa fue asignado en marzo de 2023 a Reforestación Extrema mediante un convenio firmado por el entonces Secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Félix Arratia, actual Alcalde de Juárez por Movimiento Ciudadano. El acuerdo permite que las aportaciones económicas de empresas y particulares para compensar su impacto ambiental no pasen por el erario, sino que se entreguen directamente a la asociación dirigida por Cosijoopii Montero, sin estar sujeta a procesos de licitación ni mecanismos claros de rendición de cuentas.
El Gobernador Samuel García aseguró recientemente que se han plantado más de 650 mil árboles en los primeros tres años de su administración, con un presupuesto de 300 millones de pesos. No obstante, el último reporte oficial disponible contabiliza apenas 5 mil 176 árboles plantados hasta junio de 2024, lo que genera dudas sobre la veracidad de las cifras presentadas por el Ejecutivo estatal.
Además, Reforma señala que una tercera parte del gasto ejercido hasta ahora se canalizó a empresas vinculadas familiarmente con funcionarios estatales, como Viveros Regionales y Arbolmax, cuyos propietarios tienen lazos con el director de Protección Civil del Estado, Érik Cavazos Cavazos.
El diseño del programa, que excluye al Estado del manejo directo de los recursos y evita su fiscalización pública, ha sido calificado por especialistas y ambientalistas como un uso discrecional de la ley. Un biólogo consultado por el medio acusó que se privilegió a Reforestación Extrema sin contar con la capacidad técnica necesaria ni realizar concursos públicos, lo que contraviene las prácticas de transparencia esperadas en este tipo de políticas ambientales.
A pesar de las solicitudes formales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ni el Gobierno del Estado ni la asociación han hecho públicos los informes trimestrales del programa, lo que incrementa el escepticismo sobre su efectividad y destino real de los recursos.
