La Fiscalía General de la República (FGR) dio un golpe a la corrupción institucional al desmantelar una red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, que operaba en el puerto de Tampico con apoyo de funcionarios aduanales y mandos navales.
El exdirector de la Aduana de Tampico, identificado con el alias de “Santo”, se acogió a la figura de testigo colaborador y reveló cómo entre abril de 2024 y enero de 2025 permitió el desembarco de 14 buques cargados de combustible ilegal. A cambio, habría recibido 24.5 millones de pesos en sobornos, con pagos de hasta 1.75 millones por cada operación, disfrazadas con documentos falsos que declaraban lubricantes a granel.
La estructura estaba presuntamente encabezada por el vicealmirante retirado Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, familiares del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. La red no solo manipulaba documentación oficial, sino que habría tejido una red de complicidades para garantizar el ingreso de combustible sin control fiscal.
En la investigación ya fueron detenidas al menos 14 personas, entre ellas seis marinos, funcionarios aduanales y empresarios, lo que convierte esta operación en uno de los mayores golpes contra la corrupción en lo que va del sexenio. La incautación de más de 10 millones de litros de diésel en marzo marcó un punto de quiebre en las indagatorias.
La colaboración del exdirector de aduana abre una nueva fase en el proceso judicial, mientras el Gobierno federal busca enviar un mensaje de cero tolerancia a la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad nacional.
