Desaparición de normalistas fue crimen de Estado que involucró a los tres niveles de gobierno, afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.
Refirió que hasta este momento de la investigación no hay indicios de que los 43 normalistas estén con vida.
«Autoridades y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción.
«Respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos».
En el informe se presentó a los padres y madres de los jóvenes estudiantes, acto en el que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así como el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, se remarca que el día de los hechos autoridades conocieron en tiempo real la situación.
Autoridades federales, entre ellas el Ejército, estatales y locales dijo pudieron actuar para evitar los delitos, perpetrados por la organización Guerreros Unidos.
“Todas las autoridades estuvieron informadas de la toma de camiones, de la llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución que fueron objeto.
«De haber intervenido con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”.
Desaparición de normalistas fue crimen de Estado
Las autoridades supieron desde la salida de los estudiantes de la normal hasta el momento que se dio la orden de desaparición, a las 22:45 horas.
Además, se comprobó que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía un elemento infiltrado en la normal de Ayotzinapa, el soldado Julio César López Patolzin.
Uno de los 43 desparecidos, y pese a ello, los mandos militares de la región “no realizaron acciones para su protección y búsqueda”.
Lo que reiteró pudo impedir no sólo su desaparición, sino la del resto de los jóvenes.
