Han pasado dos meses de un desalojo violento que sufrieron los habitantes del predio de Cuba 11 en el Centro Histórico y hoy los inquilinos se preparan para mantener un campamento de largo plazo sobre esa calle, conscientes de que los procedimientos jurídicos y con el gobierno para recuperar sus viviendas pueden demorar meses.
Los inquilinos han solicitado donaciones de tablas, mecates, lonas, alambrado, ladrillo y cemento para mejorar las condiciones de ese campamento que instalaron inmediatamente después del desalojo.
Hoy en conferencia de prensa, los vecinos dijeron que también requieren esos materiales para reforzar la seguridad en torno al campamento, pues acusaron ser víctimas de actos de intimidación tanto de policías, como de vigilantes privados de los bares de la zona y de civiles que toman fotos del campamento y de las personas que permanecen ahí.
“Lo anterior lo catalogamos como actos de hostigamiento e intimidación; no descartamos que busquen hacer en los próximos días actos de sabotaje y provocaciones”, denunciaron las personas desalojadas, quienes estuvieron acompañadas de su abogado Arturo Aparicio.
En apoyo a la seguridad del campamento, los inquilinos solicitaron a organizaciones estudiantiles que los respalden con brigadas de acompañamiento en el monitoreo y vigilancia de ese espacio.
“Si los centros nocturnos se meten directa o indirectamente con nosotros solicitaremos la revisión completa de su situación jurídica: permisos administrativos, cumplimiento a la normativa de sanidad, protección civil, laboral, fiscal, de infantes, etcétera. No aceptamos la intimidación”, advirtieron.
También consideraron que aquellos detrás del desalojo y quienes han gestionado la adquisición aparentemente ilegal del predio de Cuba 11, están desesperadas por desmovilizarlos, ya que saben que el caso está avanzando en el gobierno de la Ciudad y una muestra es la iniciativa de reforma a la ley para evitar despojos con fraudes procesales que presentó la Jefa de Gobierno a inicios de mes, la cual es producto del punto 7 de su pliego petitorio.
Agregaron que mientras se resuelve la parte administrativa y legal sobre el desalojo de Cuba 11, han preparado una iniciativa de reformas a diversas leyes, enfocada a evitar fraudes procesales para la adquisición de predios y evitar despojos disfrazados de desalojos.
Su propuesta modifica la Ley Constitucional de Derechos Humanos, el Código Civil de la CDMX, el Código Penal y la Ley Registral de la Ciudad.
El planteamiento que hacen los inquilinos es que en las reformas de ley se aplique la extinción de dominio sobre un predio cuando la apropiación sea a través de fraude procesal y que el terreno sea destinado a vivienda social a través del INVI.
También propone la tipificación del despojo simulado cuando se utilice la infraestructura institucional para disfrazar despojos de desalojos, la obligación del juez de verificar la legalidad de un desalojo y la protección a derechos humanos de las personas que puedan ser objeto de un desalojo, así como la obligación de la autoridad y jueces de verificar que no existió fraude procesal previo a ordenarse o solicitarse un desalojo.
Plantean que los desalojos deben ser la última opción, por lo que previamente se deberá garantizar y comprobar que se hizo el esfuerzo por conciliar la entrega pacifica de un inmueble o el arreglo amistoso.
Previo a cualquier ejecución de lanzamiento o desalojo, piden que se informe con suficiente anticipación al Gobierno de la Ciudad de México y esté deberá publicar un informe en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para que la orden sea pública, además de que en el inter previo al desalojo, el INVI deberá buscar mediar el problema buscando alternativas de vivienda o de resolución de conflicto para evitar afectaciones a derechos humanos.
