Empresarios y habitantes del municipio de Tultitlán han manifestado su creciente preocupación por una presunta red sistemática de extorsión que, según testimonios recogidos por El Heraldo de México, operaría desde el interior del Ayuntamiento.
De acuerdo con la columnista Laura Puente, diversas fuentes aseguran que funcionarios municipales estarían cerrando negocios de manera arbitraria mediante supuestas revisiones administrativas, y posteriormente ofreciendo “acuerdos” informales a cambio de pagos en efectivo. El procedimiento incluiría, según un testimonio legal citado, reuniones fuera de las oficinas públicas con el Coordinador General de la Oficina de Presidencia, Erick Isachar Vega Chavarría, quien plantearía estos tratos con el supuesto aval de la alcaldesa Ana María Castro Fernández, del partido Morena.
La columnista señala que, pese a estar incluido desde 2015 en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y ser uno de los 50 municipios prioritarios en seguridad según la administración de la gobernadora Delfina Gómez, Tultitlán no ha sido objeto de operativos recientes como la «Operación Liberación», desplegada en julio en otras demarcaciones mexiquenses.
Además, se menciona que al interior del gobierno municipal existirían vínculos familiares que agravarían el problema, ya que al menos tres parientes de la presidenta municipal estarían en funciones, incluidos su cuñada —la expresidenta Elena García Martínez— y su esposo, el actual secretario del Ayuntamiento, José Alfredo Contreras Suárez.
El caso ya habría llegado a oídos de los gabinetes de seguridad estatales y federales, aunque hasta el momento no se ha anunciado intervención alguna.
