El actual Coordinador General Jurídico del Gobierno de Nayarit, José Gabriel Camarena Morales, fue objeto de una denuncia de hechos que la Fiscalía General de la República (FGR) recibió el pasado 1 de agosto, a quien se le atribuyen presuntos actos de corrupción relacionados con la obtención de terrenos de alto valor en Bahía de Banderas.
A través del despacho Camarena & Compeán S.C., del cual el funcionario es socio, se efectuaron 17 transferencias que superan los 30 millones de pesos, según el escrito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La denuncia atribuye a una empresa privada esos depósitos, realizados entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022, a cambio de favores para concretar la construcción de un hotel en Nayarit.
Dos transferencias superiores a 5 millones de pesos cada una se registraron el 13 de septiembre de 2021, con lo que comenzaron los pagos, de acuerdo con la relación de operaciones contenida en la denuncia; ambas se clasificaron bajo el concepto de “revisión y asesoría legal en condición precedente en ejido”.
Cercanos a 1.9 millones de pesos cada uno, dos movimientos se realizaron en noviembre del mismo año. En enero y febrero de 2022 se agregaron cuatro pagos de montos similares y, después, octubre y noviembre de ese año consignaron transferencias con cifras que fueron de 1.8 a 2.5 millones de pesos. Como último apunte, el 2 de diciembre de 2022 hubo un depósito de 2.4 millones.
Del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) procedían los predios cuya obtención, sostiene la acusación, se vinculó con este esquema de pagos; los mismos habrían sido reasignados en beneficio de la empresa Artha Capital, S. de R.L. de C.V., identificada como desarrolladora del proyecto turístico “Nuevo Ícono de América”, asociado con la cadena hotelera Marriott.
Cateos, órdenes de aprehensión y procedimientos de expropiación, que se califican de ilegales, habrían sido ejecutados en la operación denominada “Megaoperativo FIBBA Nuevo Nayarit”, según describe el documento, con el fin de que inmuebles vendidos o en litigio retornaran al dominio estatal y posteriormente se pusieran a disposición del consorcio privado.
Se atribuye participación, en estos procesos, a funcionarios de la Fiscalía de Nayarit, al Poder Judicial local y a la entonces directora del FIBBA, Ludmila Heredia Verdugo.
Con recursos federales, el esquema incluyó, según la denuncia, la promesa y asignación de obras públicas en carreteras y caminos rurales para dar soporte a la zona turística del proyecto. La acusación sostiene que esta reorientación del gasto dejó fuera de la planeación a otras regiones del estado, que quedaron sin infraestructura básica como hospitales y escuelas.
Representante del gobierno estatal en la Ciudad de México y, incluso, aspirante a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Gabriel Camarena Morales es uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Desde su cargo ha encabezado lo que el discurso oficial denomina la “recuperación histórica” de más de 80 inmuebles presuntamente desviados en sexenios anteriores.
Testimonios que lo vinculan con presiones ejercidas en el marco del “Megaoperativo Nuevo Nayarit”, además de señalamientos por presunto fraude fiscal y abuso de autoridad documentados por reportes periodísticos, contrastan con la posición del propio Camarena, quien las ha calificado como campañas de difamación orquestadas por intereses que, según él, se oponen a la recuperación del patrimonio de Nayarit.
