El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se encuentra bajo la lupa de la justicia tras una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por un posible desvío de casi 4 mil millones de pesos de recursos federales durante su mandato como gobernador de Campeche. Miguel Prado, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, es el encargado de presentar esta grave acusación, que involucra una serie de delitos que van desde el tráfico de influencias hasta el lavado de dinero.
La denuncia detalla una serie de presuntos ilícitos cometidos por Moreno Cárdenas durante su período como gobernador, que abarca desde el 16 de septiembre de 2015 hasta el 13 de junio de 2019. Entre los delitos señalados se encuentran el desvío de fondos federales, actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones, entre otros.
Según la denuncia, las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación revelaron un posible daño a la Hacienda Pública Federal por un monto cercano a los 3 mil 941 millones de pesos, “además, que durante este tiempo su patrimonio y el de su familia se incrementaron de forma desproporcionada, en relación a lo manifestado en sus declaraciones patrimoniales, al haber adquirido diversas propiedades millonarias, lo que resulta incongruente con los ingresos que ha percibido como servidor público”.
Los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación arrojaron un total de 92 irregularidades en el manejo de los recursos públicos asignados a Campeche durante los años 2016 y 2019, especialmente relacionadas con el sector de la salud y el pago de nóminas.
La denuncia solicita que se investigue y se inhabilite a Alejandro Moreno Cárdenas, así como a cualquier otra persona implicada, por un periodo de hasta 20 años para ejercer cargos públicos. Además, se requiere como medida precautoria el embargo de sus bienes y cuentas bancarias.
La denuncia fue presentada ante el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, y la fiscal especializada en combate a la corrupción, María de la Luz Mijangos Borja.
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