El procedimiento con el que se destituyó a Gerardo Vargas Landeros como presidente municipal de Ahome quedó sin efectos por orden de un juez federal, quien resolvió que las autoridades involucradas vulneraron principios constitucionales.
La resolución fue emitida el 30 de julio y da un plazo de 48 horas para que el alcalde reasuma el cargo.
La decisión deriva del juicio de amparo promovido por Vargas Landeros, tras la declaratoria de procedencia aprobada por el Congreso local los días 1 y 2 de mayo, con base en una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. A raíz de ese procedimiento, se le retiró el fuero, fue separado del cargo y se declaró vacante la presidencia municipal.
Según el fallo judicial, la actuación legislativa careció de fundamentos que garantizaran el respeto al debido proceso y a los derechos políticos del funcionario electo para el periodo 2024–2027. La sentencia también garantiza el restablecimiento de sus prerrogativas institucionales y laborales.
Durante la ausencia de Vargas, tres figuras distintas fueron nombradas de forma consecutiva para encabezar la administración municipal. La primera, Rosa Margarita Velázquez, fue designada por el Cabildo; sin embargo, su nombramiento fue anulado por el Congreso, que optó por designar a Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.
Menéndez fue señalado por miembros del propio Cabildo de condicionar apoyos y promover destituciones, en un contexto de tensiones políticas locales. Su designación también fue parte de las medidas anuladas tras el fallo judicial.
Otros municipios de Sinaloa han atravesado situaciones similares. En años recientes, los alcaldes de Culiacán y Mazatlán fueron removidos mediante procesos legislativos que también enfrentaron cuestionamientos por su legalidad.
El juez estableció que Vargas deberá mantenerse en funciones hasta que concluya el proceso penal que enfrenta y exista una sentencia firme, en cumplimiento de lo que establece la Constitución respecto a los derechos de los funcionarios electos.
