Santiago Creel Miranda presentó hoy una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el último decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde clasifica proyectos del Tren Maya, el corredor Transístmico y varios aeropuertos como de seguridad nacional, lo cual, según el legislador, limita la transparencia y el acceso a la información pública.
En el documento presentado, se argumenta que la medida del presidente constituye un acto arbitrario que atenta contra el derecho humano a la transparencia y el acceso a la información gubernamental, establecido en el artículo 6o de la Constitución. Además, se alega que el decreto invade las competencias del Poder Legislativo y las facultades del Congreso al transgredir leyes relacionadas con la seguridad nacional, la transparencia y la rendición de cuentas en proyectos de obras públicas.
El texto también señala que el presidente busca asumir el papel de legislador al intentar otorgar el estatus de «seguridad nacional» a las megaobras, sin contar con el respaldo legal para hacerlo. Se destaca que la Ley de Seguridad Nacional, publicada en enero de 2005, establece que los legisladores tenían la finalidad de establecer una ley que precisara el concepto, los principios y los supuestos en los que se puede ver amenazada la seguridad nacional, con el objetivo de evitar discrecionalidades y arbitrariedades por parte de las autoridades.
Además, se argumenta que el decreto impide la máxima publicidad de la información y afecta negativamente el principio de transparencia, el cual debe prevalecer en estos procedimientos.
Creel impugna ante SCJN decreto presidencial de obras prioritarias
Para anunciar esta acción, el presidente de la Cámara de Diputados publicó un video en redes sociales, en donde reiteró que la medida del presidente es un acto arbitrario que atenta contra el derecho humano a la transparencia y el acceso a la información gubernamental.
«Interpuse esta demanda, con el único objetivo de defender las atribuciones que la Constitución le otorga al poder legislativo, representante del pueblo de México», afirmó Creel.
Asimismo, agregó que este decreto perjudica la eficacia, la economía y la honradez en la gestión de los proyectos emblemáticos de la presente administración, tales como la construcción del Tren Maya, del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
«Esto es doblemente grave, primero porque violenta nuestros derechos humanos, segundo porque lo hace a sabiendas de que es inconstitucional, puesto que la SCJN acaba de resolver el pasado 18 de mayo una controversia constitucional, la cual establece que el presidente no puede cambiar el significado de seguridad nacional, interés público y de acceso a la información pública gubernamental», puntualizó.
La presentación de la controversia constitucional se produce después de que la SCJN invalidara un primer decreto emitido por López Obrador en 2021, que buscaba clasificar los proyectos de su administración como de interés público y de seguridad nacional. Cabe mencionar que dicho decreto, fue calificado de inconstitucional por su amplitud y ambigüedad, por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Por lo tanto, Creel invitó al presidente que en caso de que la Corte reitere la inconstitucionalidad del decreto y si insiste en expedir un nuevo acuerdo sobre lo ya resuelto, de inmediato a nombre de la Cámara, volverá a impugnar su actuación y así lo hará las veces que sea necesario.
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