El gobierno de Clara Brugada creará un protocolo para la actuación de autoridades en procesos de desalojos, a fin de evitar abusos y arbitrariedades como el ocurrido hace dos días en la calle República de Cuba en el Centro Histórico.
“No nos gustó nada lo que ocurrió con el desalojo de Cuba”, expresó.
Hoy en conferencia la mandataria dijo que además del protocolo enviará reformas legislativas al Congreso capitalino para revisar y ordenar la participación de auxiliares o también llamados cargadores durante los desalojos, pues se convierten en golpeadores que además roban las pertenencias de los desalojados.
Brugada expuso que el protocolo y las reformas legislativas buscan involucrar al poder judicial para que informe con anticipación a las autoridades del Ejecutivo cuando se ordene un desalojo.
Destacó la importancia de que los residentes sean notificados formalmente, pues en diversos casos recientes este requisito no se ha cumplido.
Explicó que también se dará prioridad a mesas conciliadoras entre las partes en conflicto con la intención de agotar todas las instancias antes de un desalojo.
Además, se planteará que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad esté presente cuando ocurra una expulsión.
“No queremos que ninguna familia se quede sin techo en esta ciudad producto de un desalojo, sobre todo si son familias de escasos recursos”, sostuvo.
En ese sentido, el plan incluye la intervención de la Secretaría de
Vivienda para garantizar que las familias desalojadas tengan un espacio de pernocta en tanto se resuelve una estancia definitiva.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, informó que en el caso del desalojo ocurrido en la calle de República de Cuba se brindó apoyo inmediato a 16 familias, quienes reciben una ayuda para renta de 4 mil pesos mensuales durante un periodo inicial de seis meses o el tiempo que sea necesario.
“También en el caso de la calle Tonalá estamos entregando 26 apoyos de renta.
“En ambos casos iniciamos gestiones para que el Instituto de Vivienda pueda adquirir los inmuebles y rehabilitarlos en beneficio de quienes los habitaban”, explicó.
Señaló que desde la primera noche las familias desalojadas en República de Cuba fueron alojadas en hoteles para garantizar que tuvieran un techo digno mientras se construyen soluciones permanentes.
Añadió que en el caso de Tonalá y Cuba se evaluará la posibilidad de compra de ambos inmuebles a quien acredite la propiedad, para desarrollar ahí proyectos de vivienda social.
César Cravioto, secretario de Gobierno, aclaró que los desalojos no son ejecutados por el Gobierno de la Ciudad, sino por actuarios designados por los juzgados.
Explicó que en el caso de República de Cuba la orden fue instruida por el Juzgado 54 de lo Civil.
“Cuando hay una resolución de desalojo es el Poder Judicial quien la solicita y pide el apoyo de la fuerza pública.
“Lo que ahora se busca es cambiar la ley para que estos procedimientos se realicen con nuevas reglas que prioricen el respeto a los derechos humanos”, apuntó.
